Lo que no ha conseguido a través de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo Justicia (TSJ), el presidente Nicolás Maduro busca obtenerlo a través de un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica, en el cual se atribuye funciones de la Asamblea Nacional y la posibilidad de dictar medidas en lo político y lo social.
El decreto 2.849, publicado en Gaceta Oficial 6.298 Extraordinario de fecha 13 de mayo (sábado) refiere, entre otras cosas, que el presidente de la República podrá ejecutar “planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atentan contra la paz de la nación”, una medida que según los analistas no entre en el ámbito de competencia de un decreto de emergencia económica.
“Este nuevo decreto es en sí una extensión del que está vigente desde enero de 2016, lo que ya de por sí es una violación a la constitución porque un decreto de estado de excepción solo puede durar 60 días prorrogable por otros 60 días”, afirma el experto en derecho constitucional y profesor universitario Pedro Afonso del Pino.
Estima que el nuevo decreto solo tiene la intención de abrogarse funciones inherentes a la Asamblea Nacional en lo relativo a su función contralora sino también política, un aspecto que según el experto no estaba contemplado en los anteriores decretos y extensiones.
En este sentido, dijo que la intención es evitar que la AN se inmiscuya en la aprobación de créditos adicionales y manejos presupuestarios; materias que en su mayoría estaban contenidas en los anteriores decretos, según dijo.
Afonso reiteró que el decreto no autoriza al presidente a suspender las garantías constitucionales pues “el espíritu de un estado de excepción es reforzarlas y no violentarlas”, pero añadió que son muchas las atribuciones no especificadas en el decreto, una acción que es contraria a lo establecido en la ley que rige la materia.
