En el contexto de confusión e incertidumbre que viven los venezolanos dentro y fuera del país, muchos de nuestros paisanos especialmente en Europa piensan que las sanciones adoptadas en enero por la Unión Europea afectan a todos los habitantes por igual. La campaña de propaganda de los medios oficiales ha querido “vender” esa idea pero la naturaleza de las sanciones europeas son diferentes a las tomadas por los Estados Unidos de América.
Recordemos que el 22 de enero los cancilleres del bloque europeo adoptaron sanciones directas contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el del actual fiscal general, Tarek Saab, y el del ex vicepresidente y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González, y el jefe de Gobierno del Distrito Capital -y antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana- Antonio Benavides.
Las sanciones son personalísimas. El jurista Mariano De Alba y Milagros Betancourt coincidieron al señalar a El Nacional que: “Son afectados en la medida que los funcionarios tengan intenciones de viajar a Europa o si tienen cuentas bancarias en la Unión Europea, si bien Suiza no forma parte del bloque y en teoría no se verían afectados por el anuncio de Bruselas, los sistemas financieros son muy complejos y complica muchísimo el estar en una lista como esa, que pasa por un sistema centralizado”. De Alba afirmó que un capital señalado hace que haya más lentitud en los procesos y se requiera de revisión de autoridades y que finalmente sea posible que no se puedan hacer operaciones si se pasa por los centros financieros europeos y estadounidenses.
Mariano De Alba, especialista en derecho internacional agregó: “En primera instancia las sanciones son más una decisión de corte simbólico; no creo que en este momento los funcionarios designados tengan cuentas en Europa porque desde hace tiempo se baraja la posibilidad de una imposición de penas”.
Ciertamente desde noviembre de 2017 la posibilidad de sanciones por parte de la Unión Europea eran del conocimiento público, por lo que lo funcionarios pudieron tomar sus previsiones.
Una reacción casi inmediata a las sanciones europeas fue la solicitud ante la Asamblea Nacional Constituyente por parte de Diosdado Cabello de elecciones antes del cierre del primer cuatrimestre del año en curso 2018. Acción que fue ratificada por el órgano legislativo paralelo y posteriormente por el Consejo Nacional Electoral.
Por otra parte, las sanciones de Estados Unidos no han sido solamente a funcionarios, sino a operaciones realizadas a través de representantes del gobierno nacional. Las instituciones financieras que hacen vida en el territorio estadounidense han sido advertidas de las penalidades que pueden tener en el caso de permitir operaciones con sujetos involucrados con el gobierno o con sus testaferros, lo que sí ha afectado transacciones con títulos de la deuda soberana y de Pdvsa, así como transferencias de divisas a través de los mecanismos cambiarios complementarios y cierre de líneas de crédito o imposibilidad para su reactivación.
Mucho se especula en la actualidad sobre un nuevo paquete de sanciones de los Estados Unidos que podrían afectar la venta de petróleo a ese país, el principal comprador de crudo local. Cifras extraoficiales revelan que los 400 mil barriles diarios que se exportan al mercado estadounidense, son la única fuente de recursos confiables que le queda a la nación. Sin embargo, economías como la mexicana no parecen estar dispuestas a avalar este tipo de sanciones que irían directamente a afectar más al pueblo venezolano.
