General Motors, la mayor fabricante estadounidense de autos, ratificó que definitivamente cerró sus operaciones en Venezuela, luego de haber agotado los canales para lograr anular una sentencia de embargo de su planta y bienes dictada por el Tribunal Supremo de Justicia.
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A través de un comunicado enviado por la agencia de relaciones públicas de la empresa en Bogotá, donde funciona la presidencia para la región andina de la empresa (Colombia, Ecuador y Venezuela), la ensambladora reitera lo dicho el 20 de abril, cuando anunció su retiro definitivo del mercado local.
La empresa fue notificada de una acción de embargo de la planta y su bienes tras ser demanda por un concesionario zuliano, alegando incumplimiento de contrato de entrega de vehículos asignados.
El embargo fue por 476.000 millones de bolívares (unos 79 millones de dólares a tasa libre actual), monto que la empresa asegura no puede cancelar tras año y medio sin producir un solo vehículo en su planta de Valencia.
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A continuación reproducimos el texto del comunicado suscrito por la agencia Conexiones de Bogotá, y que carece de cualquier pronunciamiento de voceros de la empresa.
«Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales.
A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa.
El pasado 25 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.
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