Durante los últimos años y dada la crisis económica en Venezuela que ocasionó una migración masiva, muchas personas vieron la frontera de Táchira como un territorio en el que podían sobrevivir y se asentaron.
La ruptura de relaciones con Colombia en 2019 y el cierre del paso peatonal por los puentes internacionales hicieron de las trochas un negocio rentable, y a partir de esto se fueron creando puestos de empleo que garantizaban el sustento diario.
Los denominados caleteros, carretilleros y trocheros comenzaron a ofrecer el paso de mercancías de contrabando.
Las cientos de personas que a diario siguen atravesando estos espacios controlados por grupos irregulares se convirtieron en una excelente opción de ingresos. Sin embargo, con la reapertura formal este paso ilegal de productos pudiera mermar, por lo que aseguraron estar esperanzados en no quedarse sin su fuente de empleo.
Apertura de fronteras
El 26 de septiembre se tiene prevista la normalización del intercambio comercial. Muchos ciudadanos, analistas y dirigentes políticos consideran que los gobiernos de ambos países deben comenzar a tomar medidas que lleven a la clausura de estos pasos, pero para quienes se dedican al negocio esto no va a suceder y no tienen un plan B, en caso de quedarse sin trabajo.
Con su frente llena de sudor producto del esfuerzo físico y el calor característico de la frontera, un joven de unos 28 años se encontraba en un negocio de La Parada, al otro lado del puente internacional Simón Bolívar cargando de productos colombianos una carretilla. Comentó de forma anónima que tiene seis años cruzando mercancía de contrabando.
Al día llega a atravesar hasta 10 veces uno de los tantos pasos ilegales. Por un flete cobra entre 100 y 120 mil pesos, todo depende de la mercancía. El cliente cubre lo que se debe cancelar a los grupos que controlan los espacios.
Según dice, el café, la leche y las medicinas es lo que se cobra más caro. Su jornada laboral inicia a las cinco de la mañana y termina a las nueve de la noche. Ya tiene sus clientes y en ocasiones le hacen un giro de dinero para que él se encargue de todo. La mercancía que se disponía a cruzar iba hacia El Piñal, en la zona sur del estado.
«El plan B que tenemos es atenernos a las consecuencias que vengan y ver de qué forma se puede trabajar. Yo soy partidario que el trabajo por la trocha siempre va a existir, tal vez merme un poco el paso de mercancía por lo que se va a abrir comercialmente, pero el trabajo por la trocha siempre va a existir», dijo.
Roberto Ayala forma parte de los denominados «caleteros», es decir, personas que consiguen clientes a los taxistas y carros por puesto y se mantienen a la colaboración de los propietarios de los vehículos. Vive del día a día, por lo que teme quedase sin trabajo si se llega a activar el paso vehicular. Es colombiano y tiene muchos años ejerciendo esta labor. «Si se abre la frontera se acaba el trabajo para muchas personas. Esperamos que este puente quede peatonal, porque nosotros sabemos que no está en condiciones para que crucen los carros porque las bases están dañadas», aseveró.
Del lado venezolano, el alquiler de baños y la oferta de carretillas y sillas de ruedas para el traslado de quienes no pueden cruzar el puente a pie es enorme, incluso se han establecido algunas cooperativas, cuyos integrantes están identificados con franelas. Sin embargo, en varias ocasiones se ha denunciado que deben cancelar 10 mil pesos diarios a la Guardia Nacional para que se les permita trabajar.
«Aquí pagamos 10 mil pesos diarios. Ellos lo anotan en un cuaderno a uno para saber que sí pagamos», dijo Viviana Cañas, oriunda del estado Zulia y quien destacó que si se queda sin empleo planea retornar a su ciudad de origen, pues adentrarse más a territorio colombiano o irse atravesar el Darién, no es opción. «Yo no voy. Eso es una cosa de locos».
«A esa gente que se les está cobrando por dejarlas trabajar tienen que darles una solución. Se les debe organizar, que se les permita acceder a un trabajo formal», aseveró el diputado a la Asamblea Nacional, Gustavo Rangel.
Por ahora, quienes se han dedicado a estos negocios informales se encuentran a la espera de cómo transcurre la situación a partir del 26 de septiembre y qué medidas comienzan a tomar los gobiernos.
«Es el único empleo que tengo»
Hace cinco años, Ana Julia Silva viajó desde Valencia hacia la frontera, donde se asentó con su esposo y tres hijos. Se dedica a trasladar personas en una silla de ruedas a través del puente Simón Bolívar. Cobra entre 5 y 10 mil pesos, es el único sustento con el que cuenta y piensa en qué otra cosa puede hacer si se llega a quedar sin trabajo.
Su rostro quemado por el sol inclemente denota el cansancio de todas las horas laboradas. Hay días buenos y otros no tanto.
A las 10:30 de la mañana sólo había hecho 18 mil pesos, pues se debe turnar con sus otros compañeros el paso de personas. En un día de bastante movimiento llega a cruzar el puente hasta ocho veces, pero en ocasiones sólo dos.
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