El hijo del gobernante venezolano Nicolas Maduro y su ex ministra de prisiones Iris Varela recibieron un soborno de $45 millones a cambio de un contrato para la construcción de un nuevo centro penitenciario, reiteró la ex Fiscal General del régimen socialista de Caracas, Luisa Ortega Díaz.
En declaraciones brindadas desde España al diario venezolano El Nacional la ex funcionaria chavista dijo que los hechos fueron descubiertos durante una pesquisa realizada cuando ella aún ocupaba el cargo en Caracas, y que su decisión de investigar la corrupción dentro del chavismo es la razón por la cual ahora personas ligadas al régimen están tratando de crearle problemas legales fuera de Venezuela.
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“Está ocurriendo que la Fiscalía 127 local de Bogotá pretende iniciar una investigación en mi contra supuestamente por haber calumniado a una persona de nombre Ricardo Morón. Esta persona es propietaria de una empresa que se llama constructora Cresmo», dijo.
“Me denuncia por haber dicho que esa empresa fue la que Iris Varela designó a dedo para que construyera un centro penitenciario. Y le dieron $45 millones a Iris Varela para esa obra…. Me denunció en Colombia porque yo supuestamente informé a los venezolanos y al mundo que los propietarios de esa empresa, Iris Varela y el hijo de Nicolás Maduro, estaban siendo investigados por el Ministerio Público venezolano a mi cargo”, agregó.
Morón fue sancionado en julio del 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al igual que su hermano Santiago por hacer negocios en nombre del régimen venezolano y brindar respaldo al hijo del gobernante, Nicolás Maduro Guerra, quien había sido sancionado previamente. Maduro Guerra, quien actualmente se desempeña como diputado del chavismo, y los dos hermanos Morón también son figuras centrales en las ventas de oro extraído ilegalmente en Venezuela y despachado desde el Banco Central de Venezuela, según funcionarios del Tesoro.
Ortega, quien actualmente solicita asilo político en España, dijo en la entrevista con el Nacional que la obra nunca fue construida en Venezuela y el dinero otorgado para su desarrollo nunca fue devuelto. La investigación fue abierta en el 2016, pero fue abandonada después que ella se viera forzada a salir abruptamente del cargo y abandonar el país en el 2017.
La ex fiscal general había denunciado en el pasado que Venezuela había perdido más de $35,000 millones de dólares por la corrupción asociada con la compañia multinacional Odebrecht, y que Maduro recibió millonarios sobornos a cambio de otorgar las obras a la constructora brasileña.
Pero la ex funcionaria también ha sido señalada por corrupción en Estados Unidos, siendo implicada en un importante caso de corrupción llevado por la fiscalía federal del Sur de Florida, en la que un ex contratista petrolero es acusado de usar bancos del sur de la Florida para canalizar sobornos destinados a ella a cambio de congelar cargos penales presentados contra sus empresas en Venezuela.
Aunque la exfuncionaria de alto rango no está nombrada directamente en el caso penal de Miami, fuentes familiarizadas con la investigación estadounidense dijeron al Miami Herald que Ortega Díaz es la “Funcionaria 1 de Venezuela” que aparece en el documento de acusación y es sospechosa de aceptar sobornos del empresario Carlos Enrique Urbano Fermín, cuyas empresas hacían negocios con subsidiarias de la compañía petrolera nacional, PDVSA.
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