En fecha reciente se conoció de un caso en el estado Lara, donde una persona recibió una llamada telefónica en la que se hicieron pasar por miembros de la guerrilla para pedir dinero, a modo de extorsión. De lo contrario matarían a su familia.
En esta ocasión la suma solicitada era de 200 dólares que debía transferir por pago móvil, pero la víctima se dio cuentas de que se trataba de una extorsión carcelaria y no pagó.
La extorsión se «reinventa
Fuentes policiales señalaron que este es el nuevo modus operandi que usan los reclusos de las cárceles de Venezuela para la extorsión.
Sin embargo, indicaron que este tipo de casos se ven más en los estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia.
Las autoridades indicaron que este tipo de sucesos no pasaría si se aplicara la Ley de Regulación del Uso de la Telefonía Celular y de la Internet, aprobada por la Asamblea Nacional en el 2015.
Esta tiene como objetivo “prevenir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios del país se ejecuten delitos a través de la utilización de la telefonía celular, la Internet y, en general, de todos los servicios de voz y datos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones”.
Igualmente, establece que el Ministerio Penitenciario debe adquirir e instalar los equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular y la Internet en los centros de reclusión del país.
Pero la realidad es otra y los reclusos continúan haciendo de las suyas desde las cárceles.
Denuncias de extorsión bajan
Fuente policiales indicaron que el número de denuncias por extorsión disminuyeron en el primer trimestre del 2022, cuando solo se registraron cinco denuncias por mes en comparación con el 2021, en el que el número de denuncias en el mismo lapso de tiempo se ubicó en 60.
Las autoridades aclaran que la mayoría de las víctimas no cae en la trampa de los delincuentes.
Asimismo, señalan que cuando realizan las investigaciones se percatan de que las llamadas salen de la cárcel.
Finalmente, la Policía exhortó a los ciudadanos víctimas de este tipo de delitos a realizar la denuncia ante la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Texto e imagen de 2001.
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