Califican al IGTF como «irracional y abiertamente inconstitucional»

"Si una persona con US$ 1.000.000 en efectivo y una persona que solo tiene US$ 20 en efectivo en la cartera necesitan la misma pastilla de valor US$ 10 en una farmacia, ambos pagarán US$ 0,30 de IGTF", explicó Daniel Betancourt

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Abogado tributario recalca que el nuevo impuesto no se aplica solo a grandes transacciones
Foto: EFE

Daniel Betancourt, abogado especializado en derecho tributario, consideró que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) tiene un fin recaudatorio para el Estado venezolano aunque, agregó: «pagar con dólares no te hace más rico».

Ante el galopante uso de los dólares en el mercado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro ha manifestado públicamente su intención de recuperar el uso de los bolívares al momento de pagar en bodegas, supermercados, ferreterías y otros locales comerciales.

Ser rico no es tener dólares

Sin embargo, Betancourt estima que existe otra justificación de fondo para la implementación del IGTF.

Para el abogado tributario, desde el chavismo se tiene la percepción de que los ciudadanos que pagan con moneda extranjera son más rico.

«En un país dolarizado de facto, eso es falso».

De interés: El IGTF será cobrado “exclusivamente por los pagos en divisas en efectivo”

Contra el ciudadano

Además, este nuevo impuesto aplica hoy para grandes transacciones pero también para las personas que viven al día a día, o ciudadanos de a pie.

«Si una persona con US$ 1.000.000 en efectivo y una persona que solo tiene US$ 20 en efectivo en la cartera necesitan la misma pastilla de valor US$ 10 en una farmacia, ambos pagarán US$ 0,30 de IGTF».

Dejó en claro que los contribuyentes del IGTF «no somos grandes capitalistas».

«El universo de contribuyentes se amplió a las personas naturales con la IGTF 2022. En un país empobrecido la mayoría abrumadora de nuevos contribuyentes no tienen fortuna, de hecho viven al día».

Impuesto perverso

Destacó que como impuesto indirecto este «encierra una perversión».

Calificó el gravamen como «irracional y abiertamente inconstitucional».


«Es confuso, contradice principios constitucionales en materia de tributación, tendrá efectos económicos adversos e incide mayormente en las personas que no están bancarizadas».

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