Uno de los juzgados en Caracas intercedió a favor de los mineros de Bitcoin que residen en el territorio. Así lo demuestra la aprobación de un procedimiento para anular la confiscación de un lote de mineros, la cual fue realizada hace casi un mes atrás por el principal ente regulador de criptomonedas del país, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).
Según un documento publicado por el Tribunal Supremo de Justicia —presentado por la juez María de los Ángeles Toledo— los abogados de la empresa dedicada a la minería de criptomonedas, SIERRAMOROS, interpusieron un amparo a nombre de su presentado para anular la confiscación de más de mil equipos de minería que fueron decomisados por funcionarios del Sunacrip.
Los afectados denunciaron que a la empresa se le “violentó de forma flagrante el derecho a la defensa”, puesto que existieron irregularidades en el procedimiento de inspección y sanción de los mineros en manos de la entidad reguladora. Asimismo, señalaron que el organismo gubernamental tampoco respetó el derecho al debido proceso, a la propiedad e incluso “a la libertad económica”.
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