El patrón de gran corrupción instaurado en Venezuela, durante las dos últimas décadas, es el causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos, en especial los sectores más vulnerables de la población. Este fenómeno, que supera en magnitud al registrado en cualquier país de América Latina, tiene un grave impacto sobre los derechos humanos de los venezolanos. El sistema sanitario ha sido uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos. La pandemia por COVID-19 ha profundizado la crisis y ha puesto en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta e inoperatividad de equipos esenciales, y el deterioro general de la infraestructura hospitalaria. Estas fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos. Todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitación y construcción de obras, adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención.
Por transparencia.org.ve
Esta realidad es analizada por Transparencia Venezuela en el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus, estudio que identifica una tipología del fenómeno en el sector y expone una selección de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación, tras superar la opacidad y las restricciones impuestas por las autoridades en el acceso a información pública.
En los casos inventariados en el informe destaca la participación de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud, institutos autónomos y empresas estatales. Los funcionarios -muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habrían actuado en complicidad con dueños de empresas, y usado cuentas en diferentes países para lograr contratos millonarios de importación, fabricación y transporte de medicinas, materiales o equipos médicos, así como contratos de obras. El estudio, aunque no da cuenta de todos los casos de corrupción ocurridos, permitió hacer estimaciones sobre la pérdida de recursos sufrida por el país en estas operaciones. El daño ocasionado se incrementa cuando se considera que contratos de gran envergadura, como la construcción y remodelación de infraestructuras hospitalarias o complejos farmacéuticos, al igual que el mantenimiento de equipos médicos de alto costo, quedaron inconclusos o presentan fallas.
En el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, de julio de 2019, se denuncia el crítico escenario del derecho a la salud, vinculado a “una falta generalizada de disponibilidad y acceso a fármacos y tratamientos esenciales; al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud”. Igualmente, un grupo de expertos y 10 organizaciones civiles presentaron ante una audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un dramático informe sobre el impacto de la corrupción en la vulneración del derecho a la salud y la vida de los venezolanos, en el contexto de la pandemia por COVID-19. En esa oportunidad, solicitaron a la instancia internacional priorizar las denuncias de violación de derechos humanos como consecuencia de la corrupción en Venezuela.
Un drama humano
“La corrupción mata”, una de las expresiones utilizadas durante la audiencia en la CIDH, se evidencia en las cifras que recoge el informe Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus. Los hospitales presentan deficiencias graves como consecuencia de proyectos de construcción, rehabilitación o equipamiento que no cumplen con los estándares necesarios. La llegada de la pandemia aumentó las alarmas, pues no ha habido un mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y equipos. Esta realidad hizo que, entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4.858 personas en los recintos de salud por causas evitables. Solo en el hospital J.M. de los Ríos, durante el primer semestre de 2019, murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula.
A propósito de la emergencia sanitaria, uno de los aspectos que más ha preocupado a los ciudadanos es la disponibilidad de camas en los centros de atención. Aunque Jorge Rodríguez, entonces responsable de la cartera de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, afirmó que en el país hay más de 23.000 camas hospitalarias, un informe elaborado por el ministerio de Salud en marzo de 2020, al que tuvieron acceso medios venezolanos, refiere que en los centros centinela existen 8.306, de las cuales solo 943 estarían operativas para pacientes de COVID-19, entre ellas 339 camas ventiladas y 707 de aislamiento para casos con complicaciones.
Las fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible que agobian a la población de todo el país, golpean especialmente al sector salud. Un ejemplo de ello es el apagón registrado en marzo de 2019, que dejó a más de 90% del territorio sin energía eléctrica. Hospitales que debían contar con plantas auxiliares para responder ante interrupciones del servicio quedaron a oscuras, lo que provocó la muerte de más de 20 pacientes, de acuerdo con la organización Médicos por la Salud. Otra arista del problema es la fuga de talentos, pues entre los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado para escapar de la crisis, para septiembre de 2019 había más de 30.000 médicos.
La dimensión del daño causado por la corrupción al sistema sanitario en Venezuela se hace más evidente al comparar los indicadores básicos de salud registrados en los últimos años con los de otros países de la región. Pese a que en 2015 el ministerio de Salud interrumpió la difusión de actualizaciones semanales sobre indicadores relevantes, los datos que aún reporta a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y registros de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de la reaparición y expansión de enfermedades como la malaria, sarampión y tuberculosis; el incremento de infecciones por VIH y de la mortalidad materna e infantil. Según la OPS, el número de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6.000 en 2014 a 11.394 en 2018. Los más afectados son los presos y los pueblos indígenas. Mientras que, entre 2009 y 2018, el número de casos de malaria tuvo un alza de 1.000%, al pasar de 36.556 a 404.924.
La peor parte se la llevan las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. Cifras de Codevida (Coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida) revelan que la falta de medicamentos pone en riesgo a los 300.000 pacientes crónicos que hay en el país, ente ellos trasplantados, hemofílicos, oncológicos, con esclerosis y Parkinson. Asimismo, en las últimas décadas, los pacientes renales no han dejado de protestar exigiendo respeto a sus derechos. Sin embargo, cerca de 5.000 venezolanos en diálisis murieron entre 2017 y 2019, según datos del exministro y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro.
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