La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo. Los individuos sancionados hoy en virtud de la orden ejecutiva (O. E.) 13692, enmendada, incluye a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alineados con Maduro, que impidieron un proceso electoral transparente y la difusión de resultados electorales precisos, así como también a funcionarios militares, de inteligencia y gubernamentales responsables por intensificar la represión por medio de intimidación, detenciones indiscriminadas y censura. Los funcionarios fueron nombrados por Nicolás Maduro, a quién la OFAC ya sancionó en 2017.
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“Hoy Estados Unidos adopta medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y por negar a sus ciudadanos el derecho a una elección libre y justa”, dijo Wally Adeyemo, vicesecretario del Tesoro. “El Departamento del Tesoro se dirige contra funcionarios clave implicados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión contra la libre expresión luego de la elección, cuando la abrumadora mayoría de los venezolanos exige un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir responsabilidades a Maduro y sus secuaces así como para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.
Desde la elección del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos civiles y políticos y han desplegado una variedad de tácticas intimidatorias para silenciar a la oposición. Esos actos, incluyendo la emisión de una orden de arresto para el exitoso candidato presidencial Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a salir de Venezuela y buscar asilo en España.
De manera concurrente el Departamento de Estado ha impuesto (en inglés) nuevas restricciones de visados de conformidad con la proclama presidencial 9931 a los funcionarios alineados con Maduro que perjudicaron el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de actos de represión. Con esta nueva emisión de restricciones de visados, casi 2.000 individuos han sido objeto de estas restricciones de visado por su papel en socavar la democracia, corrupción significativa y violaciones de derechos humanos.
FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DESIGNADOS
Los individuos a continuación que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designados hoy de conformidad con la O. E. 13692 “Bloqueo de propiedad y suspensión del ingreso de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, enmendada, por ser funcionarios actuales o antiguos funcionarios del Gobierno de Venezuela.
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa) es un juez que presta servicio en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, en la actualidad en la Sala Constitucional del TSJ. Anteriormente ha servido como magistrado en la Sala Político-Administrativa del TSJ, según indican múltiples informes de prensa.
Además, según la cobertura de los medios de prensa, en su capacidad como juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la alegación del CNE de que Maduro ganó la elección. Figueroa participó en la revisión técnica experta por el TSJ del CNE, y estuvo implicado en convocar a candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos ante el TSJ como parte del proceso de revisión electoral apoyado por Maduro. En 2019 Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
Malaquías Gil Rodríguez (Gil) es un juez que presta servicio como presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente prestó servicio como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ. Ha fungido en esta posición en la judicatura desde 2010.
Además, según fuentes de prensa fidedignas, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018 Canadá sancionó a Gil por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo) es un juez que presta servicio como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente Hidalgo prestó servicio como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general militar.
Además, según fuentes de prensa, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez) dirige el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido la presidenta del TSJ desde enero de 2024 y dirige la Sala Electoral del TSJ.
Además, según fuentes de prensa, Rodríguez y la Sala Electoral certificaron la alegación sin fundamento de Maduro de que había ganado la elección a pesar de acusaciones bien fundamentadas de amplio fraude de votantes en la elección de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral.
Márquez fue una de las funcionarias de la Sala Electoral que supervisó el proceso de revisión técnica del material de evidencias presentado por el CNE, organizaciones políticas y antiguos candidatos que participaron en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de noticias explicaron que Márquez fue uno de los funcionarios de la Sala Electoral que certificaron las alegaciones sin fundamento de Maduro de haber obtenido la victoria.
Edward Miguel Briceño Cisneros (Briceño) es el juez especial del Primer Tribunal de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo.
Además, según fuentes de prensa, Briceño emitió una orden de captura contra González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a los que Maduro considera delincuentes.
Luis Ernesto Dueñez Reyes (Dueñez) es un fiscal en la oficina del Ministerio Público alineada con Maduro. En su posición, Dueñez emitió una solicitud oficial para la orden de arresto del candidato presidencial de la oposición Edmundo González, que fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el 8 de septiembre.
Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco) es rectora del CNE y presta servicio desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral. También prestó servicio como secretaria de la Asamblea Nacional alineada con Maduro desde enero de 2021.
Gil Pacheco, ha obstruido la democracia al instituir una nueva y restrictiva regla para la elegibilidad de observadores electorales, instituyendo irregularidades en los registros electorales y dilatando intencionadamente los procesos de los centros de votación. Asimismo, Gil Pacheco declaró a Maduro ganador de la elección presidencial sin publicar resultados a nivel de precintos y sin llevar a cabo las auditorías del sistema de votación electrónica del país exigidas, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses) es el secretario general del CNE y presta servicio desde agosto de 2023.
Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introdujo irregularidades en el registro electoral y dilató intencionalmente los procesos de los centros de votación. Antes de formar parte del CNE, también firmó el documento de la Contraloría General que confirmaba la inhabilitación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante) es fiscal y presta servicio en el Primer Tribunal especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.
Además, según fuentes de prensa, Bustamante obstruyó la democracia y el Estado de derecho al iniciar procedimientos políticamente motivados, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios que se oponen a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido, y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020 según bases de datos sobre sanciones.
Pedro Jose Infante Aparicio (Aparicio) presta servicio como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También ha prestado servicio como presidente de la Comisión Especial para Investigar la Participación de los Partidos Políticos y Representantes de la Legislatura 2016-2021 en el Despojo y Robo de la Empresa Venezolana CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En dicha posición, la comisión convocó a varios miembros de la oposición en lo que parecieran ser alegaciones políticamente motivadas.
Domingo Antonio Hernández Larez (Hernández) del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) alineada con Maduro, y presta servicio desde julio de 2021. Hernández prestó servicio anteriormente como el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital).
Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de parte de Maduro debido al incremento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además, según varios artículos de prensa, la FANB ha realizado actos de represión contra venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en manifestaciones pacíficas.
Elio Ramón Estrada Paredes (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) alineada con Maduro y presta servicio desde julio de 2023. En esta posición, Estrada encabeza la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza trabajo de inteligencia para detectar y capturar a aquellos implicados en alegados planes de desestabilización y otros delitos.
Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB acosó y detuvo a venezolanos alegando sospechas de que apoyaran materialmente a Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes de noticias. Estrada dirigió a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos en favor de la democracia tras las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez (Larez) es comandante de REDI Capital en la GNB. Larez fue anteriormente general de División para la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, conocida comúnmente como “ZODI Estado Miranda”.
Asdrúbal José Brito Hernández (Brito) es el director de investigaciones criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Anteriormente Brito fue el director de contrainteligencia para la plantilla presidencial.
Brito ha sido identificado como torturador en informes de las Naciones Unidas y según múltiples artículos de prensa. La DGCIM ha liderado una coordinada campaña “Operación Tun Tun” (knock knock) para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil tras la elección.
Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz) es subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), alineado con Maduro, desde 2021.
El SEBIN ha llevado a cabo para Maduro los arrestos y detenciones por motivos políticos de dirigentes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales. Muñoz es uno de los principales líderes del “Grupo Pitbull” de Venezuela, un grupo formado por personal del SEBIN procedente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al “Grupo Pitbull” se le encomendó hacer el «trabajo sucio» y no había parámetros legales para sus tareas. También se cree que el “Grupo Pitbull” es responsable de secuestros y asesinatos. El grupo probablemente secuestraba a personas para presionarlas a darles dinero. El “Grupo Pitbull” utilizaba ese dinero para otros fines operativos.
PREVIAS ACCIONES DEL TESORO EN RELACIÓN CON FUNCIONARIOS VENEZOLANOS
Las medidas de hoy se basan en múltiples acciones que la OFAC ha emprendido contra funcionarios actuales o antiguos funcionarios venezolanos de conformidad con la O. E. 13692 enmendada, por emprender acciones antidemocráticas y violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha la OFAC ha sancionado a más de 140 venezolanos y 100 entidades venezolanas, entre estas:
Funcionarios venezolanos clave:
Nicolás Maduro Moros – sancionado desde 2017
Tarek William Saab – sancionado desde 2017
Jorge Elieser Márquez Monsalve – sancionado desde 2017
Celia Adela Flores de Maduro – sancionada desde 2018
Delcy Eloína Rodríguez Gómez – sancionada desde 2018
Diosdado Cabello Rondón – sancionado desde 2018
Jose David Cabello Rondón – sancionado desde 2018
Marleny Josefina Contreras Hernández – sancionado desde 2018
Vladimir Padrino López – sancionado desde 2018
Jorge Jesús Rodríguez Gómez – sancionado desde 2018
Remigio Ceballos Ichaso – sancionado desde 2019
Nicolás Ernesto Maduro Guerra – sancionado desde 2019
Funcionarios clave militares y de inteligencia
Gustavo Enrique González López – sancionado desde 2015
Iván Rafael Hernández Dala – sancionado desde 2019
Hildemaro José Rodríguez Mucura – sancionado desde 2019
Rafael Enrique Bastardo Mendoza – sancionado desde 2019
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral
Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso – sancionado desde 2017
Carlos Enrique Quintero Cuevas – sancionado desde 2017
Conrado Antonio Pérez Linares – sancionado desde 2020
Fabio Enrique Zavarse Pabón – sancionado desde 2018
Funcionarios y exfuncionarios del Tribunal Supremo de Justicia
Gladys María Gutiérrez Alvarado – sancionada desde 2018
Maikel José Moreno Pérez – sancionado desde 2018
Calixto Antonio Ortega Ríos – sancionado desde 2018
Luis Fernando Damiani Bustillos – sancionado desde 2018
Arcadio de Jesús Delgado Rosales – sancionado desde 2018
Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán – sancionada desde 2018
Lourdes Benicia Suárez Anderson – sancionada desde 2018
Juan José Mendoza Jover – sancionado desde 2018
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en posesión de las personas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más, de una o más de las personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento; las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses, o dentro de Estados Unidos (o en tránsito) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas designadas o bloqueadas de algún modo. Las personas estadounidenses podrían enfrentarse a penas civiles o penales por las violaciones de la O. E. 13692. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para hacer que personas estadounidenses violen sanciones de Estados Unidos ya sea voluntaria o involuntariamente, así como que participen en conductas de evasión de las sanciones de Estados Unidos. La normativa de la OFAC para la aplicación de las sanciones económicas (Economic Sanctions Enforcement Guidelines, en inglés) proporciona más información en relación con la aplicación de las sanciones de Estados Unidos por la OFAC, incluyendo los factores que la OFAC generalmente considera para determinar una respuesta adecuada a una presunta violación.
Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados se exponen también a sanciones o a ser ellos objeto de acciones de aplicación de la ley. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de tal persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad para eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN.
