El gobierno venezolano ha desarrollado estrategias en materia de control al contrabando de carne de cerdo a través del Estado Mayor contra este flagelo con el objetivo de proteger a la producción nacional. Se han logrado resultados contundentes, sin embargo, el riesgo no ha desaparecido.
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En este caso el asunto tiene que ver con la estrategia exportadora del sector porcino norteamericano cuyas exportaciones se espera sean 3.220,5 millones de kg, un 4,6 por ciento más que los envíos del año anterior, lo cual representa 37 veces toda la producción nacional de un año. Más aún, entre los mercados claves para los Estados Unidos se encuentra Colombia, desde donde ha entrado la mayor parte de la carne de cerdo en forma ilegal a Venezuela. Según la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos las exportaciones hacia Colombia aumentaron 46% en los primeros cinco meses del 2024.
Es bueno recordar que Colombia y los Estados Unidos de América mantienen un Acuerdo de Promoción Comercial en materia de carne de cerdo, firmado en el 2012, y es por esta vía, aunque de manera ilegal, que ha entrado el producto a Venezuela, por vía terrestre, fundamentalmente por los Estados Táchira y Zulia.
El asunto está en que la entrada ilegal al país de carne de cerdo significa que estos productos no cumplen los controles fitosanitarios y tributarios por lo que la población no sabe si cumplen con la cadena de frío entre algunos temas y las autoridades no perciben el ingreso que genera la actividad en la aduana formal. Esta grave situación representa un peligro para el empleo, la producción y la capacidad productiva venezolana.
La afectación al sector porcino y a otros sectores vinculados puede representar pérdidas inconmensurables que para recuperarse requerirían al menos dos o tres años y fuertes inversiones.
Los riesgos potenciales a los que está sujetan la economía nacional debido al contrabando se puede resumir en pérdida de miles de empleos productivos, pérdidas importantes en ingresos fiscales por parte del Estado venezolano, posibles problemas de salud de la población por falta de control sanitario y un duro golpe a la soberanía alimentaria.
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