La jueza que investiga el caso Rubiales, Delia Rodrigo, ha atribuido formalmente a Gerard Piqué la condición de investigado porque considera que hay indicios de delito en el acuerdo para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Esta decisión se toma dos años después de que abriera esta investigación. Ese acuerdo permite a la empresa del exinternacional azulgrana embolsarse cuatro millones de euros por cada final que se celebra en el país árabe. La jueza quiere que Piqué explique porqué su firma aparece en los anexos del contrato inicial donde se acuerdan las prórrogas del acuerdo que suscribieron la Federación y la empresa pública Saudí, SELA.
La Federación siempre ha defendido que Pique actuaba por cuenta de Arabia Saudí y que eran ellos los que le pagaban esa cantidad a cambio de sus servicios de intermediación. Entre la RFEF y las empresas de Piqué no había ningún acuerdo. Además, presentaron un informe de compliance que avalaba desde el punto de vista jurídico, económico y de los derechos humanos este acuerdo.
Este auto con la imputación de Piqué llega un día después de que la defensa de Tomás González Cueto, el abogado externo de la Federación, Carlos Gómez Jara, presentara un escrito en el que pedía el sobreseimiento de la causa abierta contra él, porque era precisamente este acuerdo el que originó la apertura de la causa y ninguna de las empresas ni de sus propietarios figuraban como investigados en la causa.
Desde la Federación siempre han asegurado que no había ninguna relación entre Kosmos, la empresa de Piqué, y el envío de la Supercopa a Arabia Saudí. Sin embargo, hace alrededor de un mes, la jueza ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria de la empresa Kosmos Football.
En su escrito explicó que ejecutaba esta acción para impedir que la sociedad pueda disponer de la comisión de éxito de 3 millones de euros, que percibe por cada edición de la Supercopa en Arabia Saudí, desde la compañía SELA Company Sport, que podrá seguir efectuando los traspasos.
Con información de Cadenaser.com
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