Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechaza la Ley de Protección de Pensiones

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La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (ACPS) emitió un comunicado este sábado para expresar su rechazo a la reciente aprobación de la «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista». La institución cuestionó la “validez” de la ley y advirtió sobre sus “inconvenientes” e “implicaciones para la población”.

La ACPS señaló que el déficit financiero del sistema de seguridad social del país está lejos de cumplir sus objetivos constitucionales. A su juicio, la solución a este problema no reside en crear nuevas cargas adicionales que afecten al sistema tributario y al régimen laboral.

“El Ejecutivo Nacional mantiene inalterado desde hace tres años consecutivos el importe del salario mínimo y en su lugar introdujo el uso de bonos denominados en dólares y pagaderos en bolívares. Esta práctica es inconstitucional y la metodología ineficaz para preservar el poder adquisitivo del salario”, denunció la academia.

Críticas a la Ley

La ACPS enumeró varias críticas a la Ley de Protección de Pensiones:

  • Discriminatoria: Grava exclusivamente al sector privado.
  • Delegación indebida: Otorga al presidente de la República la facultad de fijar la alícuota según el tipo de actividad económica.
  • Ignora políticas internas: No toma en cuenta los casos de empleadores que han implementado políticas internas de jubilación, incapacidad, invalidez y sobrevivencia.

La ACPS hizo un llamado al Poder Público Nacional a establecer un diálogo social permanente en materia laboral y tributaria. El objetivo, según la institución, sería recuperar la función del salario y lograr una armonización tributaria que “forzosamente ha de pasar por procurar racionalidad entre las excesivas cargas impuestas al sector productivo del país”.

La Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, fue publicada en la Gaceta Oficial número 6806 el pasado 9 de mayo. La ley busca aumentar los ingresos de los pensionados del país y obliga a las empresas privadas a pagar hasta un 15% del total de salarios y bonos de sus empleados.

Con información de El Impulso.

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