Por: Rafael Arias para Descifrado.com
El año 2024 marca un punto crucial para las negociaciones políticas que podrían impulsar o revertir el estancamiento económico de Venezuela. La crisis humanitaria, la migración de más de 8 millones de venezolanos y la incertidumbre política y financiera han convertido a Venezuela en un desafío geopolítico, afectando incluso a sus países vecinos.
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El fantasma del retorno de las sanciones, tras la posición de la administración de Maduro de cumplir puntos del Acuerdo de Barbados, y evadir otros, hace que pocos avances en la materia se vislumbren en el horizonte.
Para el consultor, experto en geopolítica internacional y CEO de Gear Capital, firma de asesoría macroeconómica con experiencia en mercados emergentes, Jorge Piedrahita, estamos en un “escenario complejo” donde si se continúa el camino que va en contra del acuerdo preliminar, los resultados luzcan poco alentadores en materia de estabilidad y crecimiento económico.
«En primer lugar, hubo una casi simbólica eliminación del levantamiento de sanciones contra Minerven. Lo que pondría en riesgo la licencia 44 que permite las exportaciones petroleras por vías regulares. Además, se estaría evaluando la permanencia de la licencia a Chevron. Debemos recordar que Chevron es el encargado de la producción de alrededor del 20 % del petróleo que se produce en Venezuela. La eliminación de la licencia 44 propiciaría un escenario negativo masivo para el gobierno de Maduro en cuanto a los ingresos”, sostuvo en exclusiva para Descifrado.
Detalló que el camino de la flexibilización de las sanciones ofrecía la posibilidad de que Venezuela pudiese duplicar su Producto Interno Bruto (PIB) en un lapso de alrededor de 6 años, pero con este nuevo escenario de posible retorno de sanciones se pudiese estar perdiendo mucho más de lo que ha perdido.
“Para efectos fácticos sus ingresos serían en los próximos 6 años igual o menor del que es ahora”, subrayó.
Influencia petrolera y gasífera
De acuerdo con Piedrahita, los representantes de los gobiernos de EE.UU. y Venezuela se han mantenido en conversaciones con respecto a la “seguridad energética”, pese a que ha sido un concepto un poco etéreo en la práctica.
“Venezuela si bien en el corto plazo no tiene mucha influencia en el tema petróleo porque no se proyecta un aumento real por encima de los 150 mil barriles diarios año tras año. No obstante, un cambio de gobierno podría propiciar que la industria recuperara un poco más su capacidad productiva y llevarla a los 300 mil barriles”.
Explicó que en el corto plazo, hay mayor potencial en el sector gasífero que en el sector petróleo sobre todo en los campos cercanos a Trinidad y Tobago que cuenta con tecnología para la licuefacción del gas natural.
“Esos dos elementos son usados por el gobierno de Maduro en su estrategia de negociación con EE.UU.”, manifestó.
Golpe al timón político
Asimismo, para Piedrahita estamos en un escenario complejo, donde la población venezolana se ha expresado contundentemente sobre el hecho de que quiere un cambio con la designación de María Corina Machado como candidata presidencial por parte de la oposición. Sin embargo, descarta que en el corto o mediano plazo la influencia del oficialismo claudique como “opción” política.
“Ese cambio, no necesariamente significa que el PSUV va a dejar de existir, o que otras ideas dejen de hacerlo, pero lo que sí se debe hacer es considerar las soluciones que están sobre la mesa. Más allá de la retórica oficial, Venezuela necesita transitar y avanzar en torno al acuerdo político para iniciar ese camino a la reconstrucción económica”.
En palabras de Piedrahita, el país debe establecer un proceso electoral claro y diáfano.
“La única solución al conflicto es que se den las elecciones mediante un proceso certificado, para propiciar el reconocimiento nacional e internacional”.
¿Qué pasa con Citgo?
Según el especialista, en este momento no existe la posibilidad de renegociar con los acreedores de Citgo cuándo en sus distintas etapas tenemos montos por el orden de los 20 mil millones de dólares, sobre una la compañía vale unos 13 mil millones de dólares.
“Alguien que esté próximo a cobrar el 100 % no creo que tenga el interés de renegociar algo que se vaya a pagar a lo largo de un periodo más largo. La pérdida de Citgo que para mí es una certeza. Posiblemente no sé vaya a dar este año de elecciones presidenciales para Venezuela y EE UU, electoralmente se vería muy mal”.
Detalló que Citgo es una empresa profesionalmente manejada y no políticamente como se hacía en el pasado, situación que le ha permitido generar ganancias y subir su valor empresario.
Consideró que esto ha sido beneficioso para Venezuela, debido a que se va a limpiar o dejarán de existir deudas por ese monto.
¿Beneficios para Venezuela o para los bonistas?
En cuanto a los bonos PDVSA 2020, estos están bajo la ley del Estado de Nueva York, y actualmente están en cesación de pagos desde hace más de 6 años.
Estos bonos fueron emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 en un canje de deuda y tienen como garantía el 50,1% de las acciones del refinador Citgo. A pesar de ello, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos determinó que la ley venezolana es aplicable a los bonos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyo vencimiento era en 2020.
“La Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York se puso del lado de PDVSA al afirmar que la ley venezolana rige la validez de las notas de 2020. Es por ello que las Cortes de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos deben ahora decidir la apelación teniendo en cuenta la ley venezolana la cual en opinión de algunos prestigiosos abogados rige las notas en referencia a la capacidad contractual constitucional de PDVSA”.
La decisión del Tribunal ocurrió después de que la oposición venezolana, que controla los activos estadounidenses de PDVSA, incluida Citgo, argumentó que estos bonos no habían sido aprobados por la Asamblea Nacional de aquel entonces y, por lo tanto, no eran válidos.
MUFG Union Bank y GLAS Américas, respondieron que el argumento de que los bonos eran ilegales según la ley venezolana no tiene relación en Nueva York, donde fueron emitidos. La jueza federal de distrito, Katherine Polk Failla, se puso del lado de los tenedores de bonos.
El panorama cambió cuando el tribunal de apelaciones dijo que una sección del código comercial del estado de Nueva York podría interpretarse en el sentido de que la validez de un valor, como un bono, está determinada por la ley local de la jurisdicción donde el bono fue emitido.
Ante ello, el especialista considera que con casi certeza se concederá la apelación y el caso será remitido al SDNY (Distrito Sur del Estado de Nueva York), que decidirá sobre las reclamaciones de PDVSA, una decisión que probablemente arrastrará este caso hasta 2025 y tal vez más allá.
“La implicación para los tenedores de bonos es que, en el mejor de los casos, estos bonos pueden pagarse en 2025 o incluso en 2026 y, en el peor de los casos, los bonos podrían recibir una anulación de la garantía, lo que hace que una apelación ante la Corte Suprema por parte de PDVSA sea una certeza, mientras que obtener un Writ of Certoriari (revisión de SCOTUS) será un evento de baja probabilidad”.
Las probabilidades que los tenedores de PDVSA 2020 tengan éxito es aún elevada pero dicha probabilidad ha disminuido con este dictamen.
Esta situación debería ser un recordatorio para los tenedores de bonos que el reciente “tolling agreement” está sujeto en su futuro reconocimiento y aceptación a la volatilidad política de la oposición en Venezuela quienes podrían iniciar un caso para desestimar dicho acuerdo en el futuro.
Para finalizar, Piedrahita reconoce que Venezuela necesita quitarse algunos compromisos y realizar “quitas” importantes para recuperarse en el tiempo, y que esto le permita poder tener una mejor imagen en materia geopolítica.
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