La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el equipo legal del excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles solicitaron este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una decisión condenatoria contra el Estado, alegando violaciones a los derechos del político durante las elecciones de 2013.
Ramón Medina, representante de Capriles, declaró a EFE que están buscando una resolución ejemplar que condene las conductas indebidas e ilegales del Gobierno venezolano durante los procesos electorales, incluyendo la presión sobre funcionarios públicos, ciudadanos comunes y actos de violencia en centros de votación.
Medina también expresó la esperanza de que la sentencia de la CorteIDH sirva como un referente de comportamiento para los gobiernos democráticos durante los procesos electorales.
La audiencia del martes en la CorteIDH, en la que el Estado venezolano no estuvo representado, se centró en los argumentos presentados por la CIDH y el representante de Capriles, ya que el propio Capriles no pudo participar debido a compromisos familiares. Sin embargo, presentará una declaración por escrito sobre el caso.
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La ausencia del Estado venezolano en la audiencia fue interpretada por Medina como una falta de argumentos sólidos por su parte, evitando así exponerse a un debate.
El caso se refiere a las presuntas violaciones de los derechos políticos, libertad de expresión, principio de legalidad y garantías judiciales durante la participación de Henrique Capriles como candidato presidencial en las elecciones de abril de 2013, en las que perdió por estrecho margen contra Nicolás Maduro.
La demanda presentada por la CIDH alega que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador con el 50,61% de los votos, rechazando la solicitud de Capriles de una auditoría completa de los resultados. Además, se argumenta que la utilización de recursos públicos en la campaña presidencial de Maduro otorgó una ventaja indebida, y se cuestiona la independencia del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia.
La representación de Capriles busca medidas de reparación y no repetición, argumentando que la multa impuesta al excandidato por expresar su disconformidad ante el TSJ constituyó una violación a su libertad de expresión.
Tras la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito, tras lo cual la CorteIDH emitirá una sentencia en los próximos meses.
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