Los transportistas denuncian que han aumentado las invasiones de rutas, es decir la llamada «piratería», lo que afecta no solo al sector sino también a los usuarios y solicitaron una audiencia a la alcaldesa de Caracas, para denunciar esta situación.
Víctor Criollo, presidente de la unión Conductores San José, municipio libertador destacó que otro de los problemas que afectan al transporte público son: déficit en el suministro de combustibles (Gas, Gasolina, Diésel), lo cual ocasiona la pérdida de numerosas horas-hombre en interminables colas para poder acceder a ellos, el rezago en la actualización de las tarifas ante la creciente depreciación del bolívar, la inflación constante, el hecho que la mayoría de los insumos, repuestos, costos de operatividad y mantenimiento están, como toda en la economía venezolana, dolarizados, la obsolescencia de la mayoría del parque automotor del Transporte público, lo que obliga a un mantenimiento constante y adicionalmente él trabajo (transporte público), es prestado con mucha irregularidad.
Señaló Víctor Criollo que «entienden que la competencia sana, legal nos beneficia a todos, usuarios y transportistas, obliga a ser más eficientes y garantizar la mejor calidad del servicio del transporte público a los usuarios, pero la piratería, la competencia ilegal, la alta informalidad, la evasión de impuestos y tributos, el contrabando no sólo afecta los ingresos del municipio (encargado de cobrar los impuestos y obligado al cumplimiento de las ordenanzas y leyes de la república), sino a los ciudadanos que habitan en el municipio (país), en tanto la disminución de los ingresos (gravámenes, impuestos, cobro de multas, etc…), afectan la posibilidad que los diversos programas que dichas instituciones implementan puedan cumplirse, en consecuencia el municipio, la ciudad, los ciudadanos pierden.»
En el caso del transporte público, dados los problemas que presenta el país, una alta emigración que disminuyó sensiblemente el número de usuarios-pasajeros trasladados (Sí se estima que entre 5 y 8 millones de venezolanos en edad productiva salieron del país y cada uno de ellos efectuaba un promedio de tres viajes diarios (en el caso de no tener vehículo -70% de la población-), lo que nos daría algo más de 10 millones de viajes-pasajeros menos). Venezuela tiene los ingresos (sueldos, salarios, salario mínimo) más bajos de la región, lo cual si no se cancela el Bono del Transporte y el subsidio directo a los estudiantes, ocasiona dificultades reales para que los usuarios puedan usar, cancelar por el servicio de transporte público que efectivamente requieren.
Ya en el pasado reciente, la piratería, la invasión de rutas, el uso de vehículos inadecuados (Las perreras) para la prestación del servicio público del transporte público generó graves inconvenientes e incrementó los riesgos y accidentes de tránsito, lo cual obligó al estado en todos sus niveles a prohibirlo, por eso preocupa la lenidad, ineficacia, complicidad de algunas autoridades a todo nivel, para favorecer una práctica que a todas luces es inconveniente para todos.
Nota de prensa
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