En una reciente solicitud de arbitraje, Kellogg arremete contra Venezuela por la presunta expropiación de su planta, generando dudas sobre el futuro legal del país. La multinacional, representada por su subsidiaria británica, busca justicia ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi).
En 2018, Kellogg cesó sus operaciones en medio de la crisis venezolana. Sin embargo, la planta fue «entregada» a los trabajadores por orden de Nicolás Maduro, quien prometió que continuarían la producción «sin ningún problema». Cinco años después, los productos, con los icónicos personajes de Kellogg y referencias gubernamentales, aún se comercializan.
Expertos legales anticipaban este reclamo, argumentando que el uso no autorizado de los símbolos de Kellogg era inevitable. El abogado Cástor González, especialista en propiedad intelectual, destaca la importancia de la supervisión en la industria alimentaria y la falta de control de Kellogg desde la intervención del poder Ejecutivo en la planta.
Kellogg, tras cesar operaciones, advirtió que no se hacía responsable de la seguridad y calidad de los productos. En 2019, anunció acciones legales por la apropiación de activos y el uso indebido de la marca.
Sin Justificación: Desafío Legal para Venezuela ante Uso no Autorizado de Marcas
Los expertos no ven justificación para que el Gobierno venezolano utilice las marcas de Kellogg, señalando la falta de argumentos por parte del Estado. Andrea Rondón, abogada y miembro del comité académico de Cedice Libertad, sostiene que la toma de instalaciones fue un «expolio» violento, no una expropiación legal.
Kellogg invoca un acuerdo de 1995 entre Venezuela y el Reino Unido para la protección de inversiones. A pesar de esto, los expertos dudan de que la solicitud avance en el Ciadi, cuyo convenio fue denunciado por Venezuela en 2012. La abogada Rondón destaca la baja probabilidad de éxito en este foro y sugiere que Kellogg podría buscar otras instancias legales más favorables.
EFE
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