Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó «suspender todos los efectos» de la primaria opositora llevada a cabo el pasado 22 de octubre. La medida se traduce en un desconocimiento de facto de la misma, por el gobierno con el que la máxima corte del país está completamente alineada.
Es llamativo que, aunque la elite gobernante pudo haber impedido desde un principio la primaria, permitió que se diera y ahora arremete contra el resultado. Probablemente la participación de más de dos millones de votantes, por encima de lo esperado, produjo inquietudes en Miraflores.
Como sea, la medida se puede interpretar como una confirmación de que dicha elite no permitirá la candidatura presidencial de María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela que ganó la primaria con más de 90% del sufragio.
La pelota del lado opositor
En realidad, el escenario más probable siempre fue que el chavismo se negaría a tolerar la candidatura de un dirigente opositor anti sistema con gran probabilidad de recibir más votos que nadie. Ese es, según encuestas, el caso de Machado.
De modo que el fallo del TSJ no representa una gran novedad. En todo caso, lo que hace es precipitar el momento en el que la oposición tendrá que decidir cómo lidiar con el veto a la ganadora de la primaria, sobre quién pesaba una inhabilitación por la Contraloría General de la República.
La coyuntura pondrá a prueba la unidad de la dirigencia opositora, pues probablemente los factores más moderados preferirán desechar la candidatura de Machado e inclinarse por un reemplazo habilitado. Eso, mientras que otros insistirán en que la dirigente de Vente Venezuela sea la candidata y que se debe protestar exigiendo su habilitación.
Sobre la propia Machado descansan no pocas expectativas. Probablemente más que sobre ningún otro político opositor individual, habida cuenta del caudal de votos que recibió. El avance de su causa depende de que tome alguna iniciativa para al menos intentar lograr que su inhabilitación sea revocada.
La advertencia de EE.UU.
No se puede omitir que estos hechos ocurren cuando está apenas en su infancia el acuerdo alcanzado en Barbados entre el chavismo y la oposición, así como otro, tácito, entre Caracas y Washington. En tal sentido, la reacción adversa de la elite gobernante al resultado de la primaria pudiera comprometer la vigencia del pacto.
Ya lo había advertido el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, la semana pasada, cuando señaló que la primaria era un proceso protegido por el acuerdo de Barbados, por lo que judicializarla sería una violación.
Además, el gobierno de Estados Unidos manifestó que, si no ve cambios con miras al fin de las inhabilitaciones antes de que termine noviembre, pudiera revertir la flexibilización de sanciones que ordenó como estímulo al diálogo. De hecho, horas después de la sentencia del TSJ, autoridades del país norteamericano dijeron que «tomarán medidas» si el gobierno de Maduro no se adhiere al acuerdo.
Pero, por supuesto, que Washington efectivamente mantenga la presión sobre Miraflores dependerá de que siga interesado en apoyar a la oposición venezolana. Su motivación pudiera ser otra: petróleo a bajo costo.
