La Comisión Especial que Identificará el Alcance de las Confesiones de Donald Trump contra Venezuela, determinará la responsabilidad política de todos aquellos que han actuado directa e indirectamente en contra del país, dentro y fuera del territorio nacional.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante, explicó en la sesión ordinaria del 20 de julio que esta comisión especial, que él preside, investigará también los actos de la AN del periodo 2016-2020, que aprobó, a pesar de estar en desacato, 24 acuerdos, tres leyes y seis actos administrativos para designar autoridades en Pdvsa, Citgo, Monómeros y otras empresas, por lo cual revisarán las actas de las sesiones, los listados de asistencias y la votación, para precisar a los responsables.
En esa sesión plenaria, Infante presentó el informe preliminar que elaboró la comisión especial, y detalló algunos de los nombres de una larga lista de los responsables de actuar en contra de la nación, entre ellos Juan Guaidó, David Smolansky, Freddy Guevara, Yon Goicoechea, María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Tomás Guanipa, Antonio Ledezma, Gustavo Tarre Briceño, Elías Mata, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, Juan José Rondón, Gustavo Marcano, Alfredo Federico Ravell, Juan Pablo Guanipa, Ismael García, William Dávila, Luis Palacio, Horacio Medina, José Guerra y Freddy Superlano.
Antecedentes
Esta comisión especial fue creada por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el pasado 20 de junio. Entre sus objetivos destaca presentar un informe final que contenga el resultado de las investigaciones de las confesiones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del 10 de junio, durante un discurso electoral en una convención del Partido Republicano en Greensboro, Carolina del Norte.
En ese discurso, Trump reconoció que durante su gobierno estuvo a punto de “hacer colapsar” a Venezuela, y que de haberlo logrado “hubiéramos tomado todo su petróleo”, lo cual intentó con ayuda directa y económica a Juan Guaidó y otros políticos venezolanos.
El informe de la comisión contendrá antecedentes históricos como el Decreto Obama del 9 de marzo de 2015, las declaraciones del exembajador de Estados Unidos, William Brownfield, del 12 de octubre de 2018, a través de las cuales acusó a Venezuela de narcoestado y pidió acelerar el colapso del país a sin importar el sufrimiento de los venezolanos.
Asimismo, la investigación también pasará por el análisis de las declaraciones de Mike Pence, del 26 de junio de 2018; John Bolton, del 17 de febrero de 2020; y las de Mike Pompeo del 24 de enero de este año, entre otros documentos cuyo objetivo perseguía acelerar el colapso del país con sanciones ilegales, bloqueo económico y otras medidas coercitivas unilaterales.
Infante informó que EEUU intentó destruir la industria petrolera y deteriorar la capacidad de ingreso económico del país a través del ataque a la moneda, a la banca venezolana y al acceso al sistema Swift (Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales), así como otras acciones que tenían como objetivo derrumbar la economía venezolana.
En ese sentido, el documento preliminar muestra la pérdida de 232 mil millones de dólares en ingresos para Venezuela, 624 mil millones de dólares en daño patrimonial contra la República, 411 millones de dólares en pérdidas diarias, en los últimos ochos años; 3.995 millones de barriles en pérdidas de producción petrolera y la caída de la producción de Pdvsa en 87 % , pasando de un promedio de 2,5 millones de barriles por día a 339 mil barriles diarios en junio de 2020.
Propuestas
Por su parte, los integrantes de la comisión especial han evaluado proponer acciones legales contra Donald Trump ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y estudian la posibilidad de someter el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los parlamentos internacionales.
La instancia parlamentaria se encuentra revisando el ordenamiento jurídico internacional; entre ellos el Estatuto de Roma para denunciar los planes y agresiones del Gobierno de Estados Unidos, y otros, contra Venezuela, a través de los cuales intentaron asesinar al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y robar activos venezolanos como el petróleo y el oro.
De 2017 a 2023 el Gobierno de los Estados Unidos ha ejecutado 930 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, especialmente dirigidas a la industria petrolera; por ello, la comisión plantea la posibilidad de recoger firmas de las víctimas de las agresiones imperiales a fin de consignarlas ante los organismos internacionales.
Plantearon incorporar en el informe final un capítulo sobre Monómeros Colombo Venezolanos S.A., tratándose de una filial de la estatal venezolana Pequiven, además de ser el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior después de Citgo y una de las principales empresas proveedoras del sector agroproductivo de Colombia.
Para culminar, se tiene previsto que, luego de presentar el informe final ante la Plenaria del Parlamento, se realicen foros, conversatorios y actividades para el encuentro con todos los organismos del Poder Público Nacional, como la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y los órganos del sistema de justicia, para ir luego al debate con el pueblo venezolano.
Nota de Prensa AN
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