El Parlamento cubano tiene previsto votar el 25 de mayo el proyecto de Ley de Comunicación Social, una legislación diseñada para regular los contenidos de los medios de comunicación en la isla. Sin embargo, esta iniciativa ha generado críticas y preocupación tanto entre periodistas independientes como en organizaciones no gubernamentales.
El proyecto de ley ha experimentado 69 modificaciones desde su última versión presentada en diciembre de 2022. Establece que los medios de comunicación no deben utilizarse para socavar el orden constitucional ni para desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social.
Además, se enfatiza que el sistema de comunicación debe seguir el ejemplo de Martí y Fidel, así como las ideas de Marx, Engels y Lenin, y actuar en concordancia con el Estado socialista.
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Esta normativa se basa en la Constitución de 2019, que establece que los medios de comunicación nacionales son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otra forma de propiedad.
Sin embargo, el proyecto de ley no reconoce la existencia ni la legalidad de los medios independientes digitales, muchos de los cuales surgieron durante el periodo conocido como «deshielo».
Estos medios críticos con el Gobierno operan en un vacío legal y se enfrentan constantemente a amenazas, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.
Tanto periodistas independientes como organizaciones no gubernamentales han expresado su rechazo al proyecto de ley, solicitando que se abra un debate público y participativo al respecto.
Además, han instado a que se respeten los derechos a la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad y diversidad de voces en el panorama mediático cubano.
Por su parte, el régimen cubano defendió la importancia de esta ley, la cual considera como la primera de su tipo, y ha enfatizado que surge de un intenso debate interno.
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