La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) denunció este miércoles que el 53,7% de las personas con discapacidad en el país reportó una disminución en el acceso a los alimentos durante la cuarentena por la pandemia en 2020.
“Llegamos a conocer dos experiencias donde una persona con discapacidad expresó que todo estaba tan caro que ni siquiera le alcanzaba para comprar la alimentación completa, otra persona mencionó que no tenía ningún beneficio y por eso pasaba muchos momentos de dificultad”, relató el presidente de Consorven, Juan Ángel De Gouveia, en la presentación del informe anual.
Los datos fueron recabados con una encuesta aplicada a 150 personas con discapacidad y 45 cuidadores en los estados Bolívar, Lara, Miranda, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia.
“Esta situación de emergencia humanitaria compleja tiene repercusiones específicas en las personas con discapacidad. Por ejemplo, la dieta determinada para personas con síndromes del espectro autista que requieren alimentos especiales sin gluten o compromisos dietéticos para personas con discapacidad motora, quienes suelen tener compromisos urológicos”, se lee en el informe.
Asimismo, se indica que el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) -programa gubernamental de entrega de alimentos- no contempla menús específicos para personas con discapacidad, “agravando el acceso a alimentos de calidad y poniendo en riesgo a estas personas en medio del declive de sus condiciones, tras el consumo de alimentos no permitidos”.
De Gouveia también indicó que el 33 % de las personas entrevistadas aseguró que los servicios de agua potable y energía eléctrica “han empeorado” y esto los ha hecho “sufrir situaciones bien complicadas con respecto a su salud”.
El 43 % de los consultados respondió que vive en “medio de interrupciones del servicio eléctrico».
“También un 25,8 % reportó el empeoramiento del servicio de gas doméstico que ha impactado muchísimo el servicio de alimentación para ellos”, añadió.
“Aunque estas condiciones afectan a la población general, impactan de forma desproporcionada en las personas con discapacidad, quienes se enfrentan a las barreras ambientales para acceder a estos servicios en el marco de la precariedad”, sostiene el informe.
Texto e imagen de El Impulso.
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