“Lucha contra el contrabando”, dice un cartel en un puente en la frontera entre Venezuela y Colombia. Abajo, tres hombres, dos con enormes bolsas a la espalda, cruzan el río que divide a ambos países. Agentes fronterizos los miran sin interés.
Por Infobae
Los contrabandistas ni se esconden ni se apuran. Uno se tomó el tiempo para quitarse los zapatos y remangarse los pantalones.
Los 2.219 km de la frontera colombo-venezolana siempre han estado minados por el contrabando por cruces ilegales conocidos como “trochas”, pero las mafias ganaron terreno gracias al cierre de los cruces binacionales ordenado por el dictador Nicolás Maduro en 2015, tras denunciar una “emboscada” contra militares.
Desde entonces solo se permitía el paso peatonal, pero en 2019 los cruces fueron completamente bloqueados por tensiones políticas entre Caracas y Bogotá. Estas decisiones derrumbaron la actividad económica en el lado venezolano, subraya Daniel Aguilar, ex presidente de la patronal Fedecámaras en el estado Táchira (oeste), donde está el paso internacional más importante.
Un ejemplo es la zona industrial de Ureña, que tenía unas 3.500 empresas de calzado, ropa y medicinas, hoy borradas del mapa. Empresas de transporte, corretaje y seguros desaparecieron.
“Hay una caída drástica; solo aquí se perdieron más de 70.000 empleos”, comenta Aguilar.
Venezuela reabrió en octubre los puentes, que habían estado bloqueados con enormes contenedores metálicos, pero solo hay paso peatonal mientras se reacondicionan para los vehículos.
Unas 20.000 personas atraviesan a diario los dos puentes reabiertos en la zona (San Antonio-Cúcuta y Ureña-Cúcuta), según estimaciones policiales.
Armas y drogas
“Siempre habrá trocheros, siempre habrá gente que necesita cruzar”, porque “es más barato”, dice Dani Pedraza, padre de tres hijos, mientras empuja una bicicleta cargada con placas de cerámica.
“Yo vivo de la trocha, mantengo a mi familia con la trocha”, remarca Dani, quien adaptó su bici para soportar cargas más pesadas por los caminos estrechos y pedregosos, quitándole los pedales, la cadena y la silla. Así puede llevar hasta 300 kilos por 100.000 pesos colombianos (20 dólares), que desplazaron en la frontera a los devaluados bolívares venezolanos.
Cobra 30.000 pesos colombianos (7 dólares) por paquetes de hasta 80 kg, cargados a la espalda en un trayecto de unos diez minutos. “Antes trabajábamos mucho. La reapertura del puente, eso no nos conviene”, se quejó.
En el lado colombiano, los trocheros se empujan para ofrecer sus servicios cuando llega un autobús o un taxi.
Ramón Rizcano, comerciante de 33 años en Rubio, pueblo cercano a la frontera, pasa por las trochas varias veces a la semana para evitar pagar sobornos a las autoridades: “No paso por el puente por las alcabalas, piden demasiado”, lamenta.
Pero la trocha no es gratis. Hay que pagar entre 10.000 y 15.000 pesos (2-4 dólares) a quienes las controlan.
Por esos caminos clandestinos ingresan desde Colombia alimentos, alcohol, medicinas, gasolina y equipos agrícolas, mientras que desde Venezuela sale chatarra metálica.
En ocasiones, motociclistas llevan a toda velocidad a pasajeros con mochilas cargadas con “cocaína o armas”, relata un viajero en esta región donde abundan pandillas, paramilitares y guerrilleros.
Es imposible saber cuánto dinero se mueve por las trochas, pero el tráfico asciende a millones de dólares.
Si bien las cifras del comercio bilateral varían -7.500 millones de dólares en 2009 según Caracas y 2.200 millones en 2013 según Bogotá- no hay dudas: el intercambio se desplomó. Mil millones de dólares pasaron a Cúcuta por el puente en 2013. Cero en 2020.
Todo cambió con la crisis económica que atraviesa Venezuela, que ha perdido 80% de su PIB desde 2013.
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