La situación de emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela ha afectado, según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), a 7 millones de ciudadanos, de los cuales, más de 4 millones han migrado durante el período 2015 – 2020, tal como lo refleja el último trabajo de Encovi (Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida).
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), realizó una investigación para conocer en profundidad la situación de las personas con discapacidad que han salido del país y otras que se han visto en la necesidad de retornar a su tierra de origen al conseguir barreas de accesibilidad en otras latitudes. Estos datos sirvieron de insumo al trabajo realizado sobre migración a organizaciones internacionales como Riadis (Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familiares) y Acnur (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en la región Latinoamericana.
Juan Ángel de Gouveia, presidente de Consorven, lamentó que un gran número de venezolanos haya salido de del país con la ilusión de tener mejores ingresos para poder costear tratamientos médicos, terapias de rehabilitación y una mejor calidad de vida, tanto para ellos, como para sus familiares que se quedan en Venezuela.
«Esta situación nos ha impactado de manera directa a las personas sordas, ya que muchos líderes de nuestra comunidad, así como intérpretes de lengua de señas, cuidadores e hijos de personas con discapacidad se han ido del país», dijo.
Personas con discapacidad, que han migrado, contaron su experiencia al salir de Venezuela. Algunos han tenido buena acogida, mientras que otros no han podido continuar por barreras comunicacionales y de accesibilidad, “pues muchos países no están preparados para recibir migrantes con discapacidad, no ofrecen mayor alternativas”, dijo De Gouveia.
Entre los hallazgos de la investigación, revela que las personas con discapacidad que retornan al país se han enfrentado a algunas barreras en las rutas de tránsito, en las comunidades de acogida y al intentar acceder a beneficios de tipo humanitario. Esta situación se ha visto agravada con la llegada de la pandemia de covid-19.
De Gouveia añadió que existen áreas críticas que demandan atención de los organismos humanitarios, de los Estados, de la sociedad civil y de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD), como por ejemplo: “brindar atención a las condiciones de accesibilidad, principalmente en Venezuela y en oficinas de asistencia humanitaria; el acceso a intérpretes de lengua de señas, así como el acceso a información presentada en formatos accesibles y universal. Atención a las inestables condiciones económicas y laborales que caracterizan la vida cotidiana de las personas desplazadas con discapacidad. Inclusión de las personas con discapacidad en el desarrollo de las políticas y programas de asistencia humanitaria”.
En ese sentido, recomendó a actores asociados al sistema de asistencia humanitaria que intentan ayudar en la inclusión de las personas con discapacidad y en la disminución de las barreras, que puedan presentarse al momento de acceder a beneficios humanitarios, estos deben contar con accesibilidad física, adaptadas a las condiciones necesarias para personas con discapacidad. “Es decir, deben contar con rampas con pasamanos para subir y bajar, baños y habitaciones con espacios adecuados para personas con discapacidad, y demás elementos y señalizaciones inclusivas”.
También recalcó la importancia de las alternativas de comunicación, donde se incorporen intérpretes de lengua de señas, para disminuir la barrera comunicativa que puedan enfrentar las personas con discapacidades sensoriales al no ser entendidos, mientras hacen uso del apoyo humanitario.
Añadió que, una vez implementados los mecanismos de comunicación e información con enfoque inclusivo, se aborde directamente a las personas con discapacidad, más allá del acompañamiento constante de familiares o personas cuidadoras.
A su juicio, resultaría interesante que, progresivamente, la papelería y el material audiovisual de las campañas informativas de las organizaciones del sistema humanitario incorporen el enfoque inclusivo de la comunicación para personas con discapacidad, “como la incorporación de macrotipos o formatos en letra grande, los subtítulos en videos, el sistema Braille en papelería, el audio para videos sin sonido o informaciones en formato texto, los intérpretes de lengua de señas, entre otras herramientas comunicativas”.
Recordó que como consecuencia de las barreras comunicativas e informativas, físicas y políticas principalmente, “las personas con discapacidad pueden pasar desapercibidas en los abordajes psicosociales realizados, en tanto reciben información, se comunican y trasladan de formas diferentes y en ocasiones estas disimilitudes no se evalúan ni equiparan en protocolos de trabajo universales”.
Finalmente sugirió la incorporación de instrumentos de recolección de datos que desagregue la tenencia de discapacidad por sus diferentes tipos, así como manejar a profundidad esta información y las recomendaciones generales para su abordaje en contextos de asistencia humanitaria, “con el objetivo de evitar confusiones a la hora de identificar casos y tratos inadecuados en la atención de personas con discapacidades no visibles”.
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