Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que estos puestos están supervisados por policías, militares y grupos irregulares armados.
Militares, agentes policiales y miembros de grupos irregulares armados de origen colombiano, son algunas de las personas que gestionan alcabalas ilegales en el territorio nacional. De acuerdo con Fundaredes, cada uno de estos grupos cobra a quienes se movilizan por carretera un monto en dólares.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que desde agosto de 2020 la organización no gubernamental lleva un registro de esta situación irregular en gran parte del país. Destacó que la medida afecta a todos los venezolanos que deben trasladarse de una entidad a otro, pero que los más vulnerados han sido los residentes del estado Táchira.
El 13 de enero del presente año el ministro de Transporte (del régimen), Hipólito Abreu, anunció en las redes sociales la restricción de ingreso y salida de transporte público al estado Táchira. Esta medida fue con el objetivo de reducir la cantidad de venezolanos que salen y entran al país por las trochas ilegales que llevan a Colombia. Sin embargo, esto aceleró el financiamiento de grupos guerrilleros, cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas venezolanas”, explicó Tarazona en exclusiva para El Diario.
El también profesor denunció que tras el anuncio de Abreu, aún no ha sido publicado un decreto o resolución sobre el cierre del estado andino.
Aclaró que, a mediados de 2020, los cuidados comenzaron a reportar la presencia de estas alcabalas móviles. Sin embargo, las restricciones en el estado fronterizo agudizaron el problema.
Modus operandi
El vocero de la fundación señaló que las personas que salen del estado Táchira a alguna otra parte del país deben abordar un transporte en el sector Punta de Piedra, en Barinas.
El primer cobro de “vacuna”, detalló Tarazona, ocurre en el momento de emitir el pasaje. Afirmó que los usuarios son obligados a cancelar cinco dólares para la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el mismo monto para la guerrilla.
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