Las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú exhortaron conjuntamente a los Gobiernos de estos tres países a facilitar la movilidad de los migrantes venezolanos por sus territorios y a adoptar medidas para regularizar su situación y evitar su exclusión social y económica reseñó El Comercio.
Los tres organismos solicitaron este viernes 19 de febrero del 2021 que se otorgue el estatus temporal o permanente a todos los ciudadanos venezolanos desplazados en estos territorios y que enfrentan “condiciones frágiles y limitantes para su supervivencia, junto con la homologación de estas políticas a nivel subregional”.
“Ante la persistencia del cierre de las fronteras, el colectivo venezolano ha visto aumentar los riesgos asociados a la migración irregular, con el auge de expresiones de intolerancia, manifestaciones de xenofobia y aporofobia que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de migración”, manifestaron. Integración necesaria.
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Por ello, reclamaron “políticas públicas con enfoque en derechos humanos que permitan la integración efectiva y empática de quienes, a pesar de sus circunstancias, optan por asentarse temporal o permanentemente” en estos países.
Las tres Defensorías instaron a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú a tomar acciones que protejan la dignidad humana de los migrantes venezolanos con necesidad de protección internacional, basados en el “vínculo histórico, social y cultural común”.
Asimismo, requirieron a los ejecutivos de Ecuador y Perú a “no desplegar en forma desproporcionada personal y equipo militar y policial” como han realizado en las últimas ambos países para frenar el paso irregular de venezolanos desde el territorio ecuatoriano al peruano.
Otro pedido es evitar actos que promuevan el rechazo de la población hacia los inmigrantes y promover campañas de sensibilización sobre la problemática de la migración y sus protagonistas. Más de 3 millones en sus territorios Colombia, Ecuador y Perú albergan a más de la mitad de los 5,4 millones de venezolanos que han salido en los últimos años de Venezuela por la grave crisis económica que atraviesa, según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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