Grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC «controlan la vida» en el departamento de Arauca, en Colombia, y en el estado de Apure, en Venezuela, cometiendo numerosos abusos que «quedan casi siempre en la impunidad», según ha denunciado Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.
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La ONG ha elaborado el informe ‘Los guerrilleros son la policía’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure», de 69 páginas, a partir de «numerosas fuentes de información» que incluyen documentos y más de cien entrevistas a funcionarios, periodistas y líderes comunitarios.
HRW ha investigado la actuación del ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos armados como las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) a ambos lados de la frontera documentando los crímenes que cometen «como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure», que incluyen homicidios, violencia sexual, trabajo forzado y reclutamiento de menores.
De acuerdo con HRW, «los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos». Estas reglas prohíben delitos como el homicidio, la violación y el robo o establecen toques de queda. Por ejemplo, prohíben llevar casco a los motoristas para que sean claramente identificables. Además, a modo de recaudación de impuestos, «extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero».
«Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere», ha contado a HRW una residente local que tuvo que dejar su casa tras ser amenazada por un grupo armado. «Las reglas son (que) no se le puede hablar al Ejército o no se puede salir tarde en la noche y, si no las cumplimos, la pena es la muerte», ha denunciado.
En línea con este intento de establecer un Estado paralelo, en abril de 2018 las disidencias de las FARC mataron a dos hombres como supuestos culpables del secuestro y asesinato de María del Carmen Moreno, una vecina de Arauquita (Colombia). Junto a los cadáveres se encontró una nota que decía: «Hacemos justicia». Al menos 16 civiles fueron asesinados en 2019 en Arauca acusados de ser informantes, violadores o narcotraficantes.
Los grupos armados que operan en la línea limítrofe también ejercen su autoridad castigando a los habitantes con trabajos forzados. El año pasado, Miguel Escobar, de 31 años, fue citado en un campamento de las FARC en Venezuela para hablar con el guerrillero ‘Jerónimo’, que había pegado a su mujer. Se le obligó a quedarse allí para trabajar como cocinero durante dos años, aunque finalmente logró escapar.
«Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado», ha denunciado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La ONG ha señalado a los cerca de 44.000 venezolanos que viven en Arauca, la mayoría de los cuales llegaron a partir de 2015 por la crisis política y económica en su país, como uno de los colectivos más vulnerables, por un lado, porque «la xenofobia es un fenómeno extendido» en el departamento colombiano y, por otro, porque «a menudo desconocen los peligros».
A este respecto, HRW ha recogido el caso de Lina y Natalia, las dos de 15 años, que al bajarse del autobús con el que volvían desde el colegio a su casa fueron abordadas por guerrilleros del ELN en una zona rural de Arauca para convencerlas de que se hicieran guerrilleras. Les preguntaron si eran vírgenes y les hicieron fotografías en ropa interior. La madre de Lina se enteró de lo ocurrido y fue al campamento del ELN para recuperar a su hija, pero no pudo llevarse a Natalia.
Los migrantes venezolanos en Colombia «en general viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados», ha comentado HRW, que ha destacado la situación de las mujeres venezolanas, muchas de las cuales «son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero».
«IMPUNIDAD CASI ABSOLUTA»
Vivanco ha llamado la atención sobre el hecho de que los grupos armados «operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera», especialmente en Venezuela, donde «actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales». Según, HRW, la Fiscalía de Colombia solo ha conseguido condenas en ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017 de un total de más de 400 que estaban bajo investigación y ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados.
La ONG ha indicado que «los grupos armados han cometido en los últimos años cada vez más homicidios, incluso contra defensores de los Derechos Humanos y líderes comunitarios». Así, frente a los 96 homicidios registrados en Arauca en 2015, cuando las FARC declararon un alto el fuego por el proceso de paz, entre enero y noviembre de 2019 hubo 161.
Para HRW, «es improbable que la situación en Arauca mejore si el Gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económica y educativas y a servicios públicos».
En concreto, ha recomendado acelerar la implementación de los llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial por considerar que «podrían contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de los Derechos Humanos en Arauca».
TERRITORIO VENEZOLANO
Human Rights Watch ha querido resaltar que «pareciera que los grupos armados tienen mucha más libertad de acción en Venezuela que en Colombia», dado que «en ocasiones actúan con la connivencia de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, según residentes en Apure, actores humanitarios y periodistas que trabajan en la zona».
En este asunto, ha estimado que «la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, creada en septiembre para investigar atrocidades cometidas en Venezuela, debería examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad».
«Incrementar la presión internacional sobre el régimen de Maduro sigue siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los crímenes cometidos en Venezuela«, ha señalado Vivanco.
Así, ha instado a los gobiernos de América y Europa a «imponer sanciones específicas, como el congelamiento de activos y la prohibición de ingreso a países de la región, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela«.
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