La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado el martes «graves ataques» contra miembros de la oposición en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y ha alertado de que estos forman parte de la «política de represión en contra de cualquier forma de disidencia» llevada a cabo por el Gobierno de Nicolás Maduro durante los últimos años.
«Repetida y sostenidamente las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han intentado desmantelar cualquier forma de disidencia política en el país por medio de graves violaciones de Derechos Humanos, que han incluido el uso de la tortura, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias», ha expresado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
AI ha advertido de la situación en la que se encuentran los diputados Gilber Caro y Víctor Ugas, detenidos por supuestos agentes de las fuerzas de seguridad el pasado 20 de diciembre. «Si bien ambos fueron presentados ante un juez, las autoridades han negado a sus familiares cualquier información sobre su lugar de detención», ha indicado la organización en un comunicado.
Para la ONG, las campañas de estigmatización y amenazas contra miembros de la oposición, como los ataques contra la diputada Delsa Solórzano, son ejemplos que se suman al persistente acoso e intimidación de diputados de la oposición y trabajadores de la AN que han sido detenidos arbitrariamente.
El texto señala que en los últimos años decenas de miembros de la oposición se han visto forzados a huir del país y solicitar asilo ante las amenazas que han recibido por parte del Gobierno de Maduro.
«Amnistía Internacional continuará vigilante ante esta nueva crisis política alrededor de la Asamblea Nacional y el riesgo de que se repitan detenciones arbitrarias, u otros ataques que puedan incluir agresiones a diputados y periodistas, campañas de estigmatización, restricciones de la libertad de movimiento, amenazas a su integridad física, tortura, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales», ha sostenido Guevara.
En este sentido, ha destacado que la «Misión de Investigación de la ONU encargada de investigar a los responsables de haber violado el Derecho Internacional y haber cometido otras graves violaciones de los Derechos Humanos que ocurren en Venezuela debe poner atención a esta nueva ola de represión».
«Las autoridades venezolanas deben recordar que estas violaciones a Derechos Humanos pueden constituir crímenes bajo el Derecho Internacional que no quedarán impunes», concluye.
El 5 de enero debía celebrarse en la Asamblea Nacional una votación para elegir la nueva cúpula parlamentaria. La oposición mayoritaria que capitanea Guaidó esperaba ratificarle en el cargo para que pudiera continuar también como «presidente encargado» de Venezuela.
Sin embargo, las fuerzas venezolanas tomaron los accesos al Parlamento e impidieron entrar al autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan Guaidó, y los diputados que le apoyan, que finalmente celebraron la votación en la redacción del diario venezolano ‘El Nacional’, donde fue reelegido por 100 votos, 16 más de los necesarios.
Al mismo tiempo, Luis Parra era elegido por los diputados ‘chavistas’ y la oposición disidente como presidente de la Asamblea Nacional, en una votación que ha sido rechazada por buena parte de la comunidad internacional.
El martes, Guaidó ha tomado posesión para un segundo mandato y ha renovado también el cargo de jefe de la Asamblea Nacional en el mismo Palacio Legislativo, algo que no pudo hacer el pasado domingo debido al bloqueo de las fuerzas de seguridad, que ha conseguido burlar.
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