Las autoridades federales sometieron una solicitud de incautación de $53 millones en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), una entidad financiera internacional con sede en Puerto Rico, confirmando así que hay una investigación criminal abierta por posible lavado de dinero que involucra a ese banco y a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El documento radicado el viernes pasado mantiene confidencial la declaración del agente Ivan J. Serpa, del Departamento de Seguridad Interna, pero consigna que la incautación está relacionada a un préstamo de $519 millones que se determinó que no era legítimo y bajo el cual se ha contabilizado por lo menos $73.8 millones, según reseña el portal del diario de Puerto Rico Noticel.com.
Los agentes federales realizaron un allanamiento en las oficinas de BSJI en Guaynabo en febrero de este año y cinco meses después realizaron otro allanamiento en South Bank International, LLC.
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El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Douglas Leff, dijo al momento del allanamiento que entidades y personas vinculados con el gobierno de Venezuela «movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo».
«Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones», reaccionó en ese momento Héctor Vázquez Muñiz, principal oficial financiero del banco.
Entre las regulaciones, la Administración Trump puso en vigor una que específicamente cubre transacciones relacionadas a PDVSA. La empresa estatal petrolera mantiene una batería de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc. Esta última es del cabildero Manuel «Manny» Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rosselló y quien tuvo un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico a través de la Compañía de Fomento Industrial por $690,000 que expiró en junio de este año. Los récords públicos sobre los clientes de las tres empresas de cabildeo dan cuenta de que, en el caso de cada una de ellas, PDVSA es su cliente más grande en lo que va de 2019.
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