El pasado miércoles 12 de junio, los empleados públicos en compañía de 28 organizaciones sindicales de distintas corrientes, entregaron al ministro de Planificación, Ricardo José Menendez Pietro, un documento donde rechazaron cualquier práctica que violente sus derechos laborales.
El escrito puntualizó que las Juntas Directivas de importantes estructuras Sindicales y Asociaciones de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes, sin ningún sesgo político, se rehúsan a aceptar “toda práctica cercenadora y conculcadora de la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, por el denominado Instructivo de Aplicación para la Administración Pública del Sistema de Remuneración de la Administración Pública que ha sido aplicado por el despacho del Ministerio del Poder Popular de Planificación y desconoce el contenido de las cláusulas colectivas vigentes».
Asimismo, se señaló que no se había hecho la cancelación integra de las cláusulas contractuales, ni de los beneficios laborales distintos o diferentes a los que apruebe el ente gubernamental.
Dicha situación se ha presentado a lo largo de los últimos meses y «vulnera los principios constitucionalidad de progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los beneficios laborales».
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