El Grupo Orinoco de Energía y Ambiente (GO), la Asociación Venezolana de Ingenieros Electromecánicos (AVIEM), la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,y el grupo Ricardo Zuloaga, han estado abocados seriamente al estudio y solución de los problemas de crisis sistémica de los servicios públicos en el país.
«Actualmente se le está prestando la mayor atención a la preparación de una hoja de ruta para el sector eléctrico, a la cual se llegue por consenso entre los diferentes grupos», informó el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente (GO), en un comunicado enviado a este medio.
El grupo destaca que ha venido trabajando en preparar “hojas de ruta” que buscan orientar lo que tendrán que hacer los nuevos administradores en la oportunidad de un cambio político, en relación con varios servicios públicos. Ellas constituyen, además, una contribución al Plan País que está preparando la Asamblea Nacional, para asegurar un desarrollo sostenible en paz y democracia.
Ante la gravedad de la situación nacional generada por las interrupciones a partir del 7 de marzo, del sistema de suministro de energía eléctrica, los daños infligidos al país por en términos sociales, económicos y del espíritu colectivo, han sido devastadores. La duración y extensión del percance, quebrantó la cotidianidad de más del 90% de la población urbana del país, violando derechos humanos fundamentales, señalan.
«El análisis de lo ocurrido, lleva a la conclusión que sucedió una falla sistémica de los servicios públicos: con la electricidad falló también el suministro de agua potable, las telecomunicaciones, el transporte, la educación y la asistencia médica, entre otros. Es una realidad, que la tecnología contemporánea los interrelaciona a todos».
Refiere el GO que «existe prácticamente un consenso entre los diversos grupos técnicos, que la falla de los servicios ocurrida y tantas veces anunciada y advertida, ha sido la consecuencia: del abandono de la carrera profesionalizada, entre los gerentes de las empresas públicas; de la sustitución del talento por la lealtad política; de no haberse asignado los fondos requeridos para el mantenimiento y sustitución de equipos obsoletos; de no actualizar oportunamente los sistemas tarifarios, dado el populismo prevaleciente; y más recientemente, de la perdida de numeroso personal técnico, que ha migrado hacia otros países en busca de mejores salarios y calidad de vida».
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Añaden que a todo lo anterior se agrega «para agravar, la conspicua corrupción administrativa que ha imperado en toda la ins-titucionalidad pública. Las empresas de servicios públicos constituyen entes, administrativa y tecnológicamente, muy complejos y delicados, que demandan ser tratados con una óptica radicalmente diferente, sin injerencia político partidista, combatiendo la opacidad informativa y privilegiando la opinión de los beneficiarios de dichos servicios, todo lo contrario de lo que ha acontecido».
Recalcan que «el fatal accidente del sistema eléctrico nacional, no fue causado por un ataque electromagnético, ni por un sabotaje cibernético. Fue ocasionado por la violación reiterada de los principios de buena administración que deben regir todo ente prestador de servicios».
Estiman en su documento que «la situación de deterioro de los servicios públicos en el país continuará agravándose, aunque se restablezca temporalmente el suministro eléctrico, a no ser que se produzca un cambio en la conducción del Estado, por grupos políticos democráticos orientados a implantar un modelo de desarrollo basado en la eficiencia, meritocracia y la lucha contra la corrupción administrativa y que procure asegurar la calidad de los servicios públicos que merece el ciudadano».
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