Este martes, la sede de la Aduana en San Antonio del Táchira sirvió de escenario para una reunión intergubernamental encabezada por la gobernadora Laidy Gómez, junto a representantes de organismos regionales, nacionales y municipales, para mitigar la anarquía que afecta la zona limítrofe entre Venezuela y Colombia, publica La Opinión.
A la reunión asistieron la jueza rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Ledy Yorley Pérez; el segundo comandante y Jefe de Estado Mayor de Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), general Roberto Fernández Batista; el general José Noguera, director de la Policía del Táchira; el alcalde de Ureña, Jhon Carrillo y William Gómez, alcalde del municipio Bolívar (San Antonio).
La gobernadora dijo estar preocupada por la situación en la que viven niños, jóvenes y adultos que hacen vida en la zona e indicó que las acciones están orientadas a resguardar los derechos de los habitantes de los municipios fronterizos y también de los viajeros, expuestos a enfermedades, epidemias y falta de orden, lo que afecta la cotidianidad.
“Nosotros violamos los derechos humanos de los ciudadanos sí permitimos que se venda comida en condiciones de insalubridad, si permitimos que los niños sigan siendo víctimas de explotación sexual (…), vulneramos los derechos humanos si le damos la espalda a la realidad de la diáspora fronteriza”, dijo.
Soluciones inmediatas
El trabajo iniciará con la articulación de los organismos del Ejecutivo Regional como el Instituto de la Mujer y la Fundación de la Familia Tachirense; los cuales articularán con el Ministerio Público, tribunales de protección y organismos de seguridad para evitar la trata de personas, sobretodo de las adolescentes que son víctimas de ofertas engañosas y la salida irregular de menores de edad.
“Tenemos jóvenes, niños y adolescentes que pasan sin la debida permisología”, por lo que los tribunales de protección deberán exigir el permiso de ambos padres para la salida y así evitar poner en riesgo sus vidas, apuntó.
Sobre la situación de salud, Contraloría Sanitaria y la Corporación de Salud (Corposalud) revisaran los permisos de las ventas ambulantes de comida ambulantes, para evitar el brote de enfermedades endémicas como la hepatitis A, que se ha presentado en la zona.
Milton Bracamonte, director estadal de contraloría sanitaria afirmó que es necesario tener el control para mitigar la presencia de enfermedades producto de la falta de higiene en la manipulación de los alimentos.
Asimismo, Corposalud habilitará la vacunación permanente en las adyacencias del Puente Simón Bolívar con la finalidad de prestar un servicio óptimo que cuenta con el apoyo de organismos internacionales, como la Unicef y la Cruz Roja Internacional.
Por su parte el alcalde de Bolívar, William Gómez, se comprometió a presentar una nueva ruta que cumplirán los transportistas dentro de su municipio, para descongestionar el acceso a la avenida Venezuela, que se ha convertido en la principal ruta de salida para los venezolanos hacia otros países.
La Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación ayudará a articular el reordenamiento del transporte público, y brindará protección a los ciudadanos que se movilizan por la zona. En este particular, la Guardia Nacional y la Policía del Táchira prestarán el apoyo para lograr impedir los delitos que pudieran presentarse, y el circuito judicial tomará las acciones de los casos.
Según Laidy Gómez, “para nadie es un secreto que algunos transportistas dejan de cumplir sus funciones en la zona metropolitana para venir a la frontera del Táchira “, por lo que solicitó a los entes de seguridad atender esa situación y no permitir que esas unidades estén fuera de sus rutas.
El ornato será un trabajo mancomunado entre la municipalidad y la Corporación para el Desarrollo Integral del Estado Táchira (Corpotáchira) “lo que permitirá dar condiciones más dignas a quienes transitan a diario por la zona y a quienes salen del país”, dijo.
El alcalde de Pedro María Ureña, Jhon Carrillo, aplaudió la iniciativa, pues a la fecha han realizado otras reuniones con representantes nacionales y no se han tomado acciones frente a la situación del país y de manera particular en la frontera.
Por su parte, el Segundo Comandante de la Zodi, Roberto Fernández, indicó que es necesaria la atención inmediata en vista de la realidad social fronteriza. “Todos los entes que estamos aquí somos los responsables de articular con la gobernación ese trabajo. Los problemas con soluciones rápidas debemos atacarlos ya”, expresó.
