La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) participará este viernes como ponente en una mesa de trabajo sobre los derechos de los migrantes y refugiados, especialmente convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el secretariado de Acceso a los Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El encuentro, titulado «Hacia una respuesta regional coordinada a la migración venezolana y los movimientos de refugiados en las Américas: una evaluación de tendencias y realidades presentes», tendrá lugar en Washington (EUA) en el marco de las reuniones preparatorias de la Asamblea General de la OEA, prevista para los días 4 y 5 de junio.
En el foro también intervendrán el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y Francisco Quintana, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y se espera la asistencia de miembros de las misiones diplomáticas del organismo hemisférico.
Según explicó Bolívar, la participación del CDH-UCAB se centrará en exponer la realidad del fenómeno migratorio venezolano, a la luz de los efectos de la emergencia humanitaria ocasionada por la crisis económica, social y política del país.
«Cuando se les pregunta a los venezolanos por qué están emigrando, dicen que lo hacen por razones económicas, laborales, de inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, además de la situación política. Queremos mostrar lo que está ocurriendo en esas áreas y poner la información en contexto para explicar por qué el éxodo venezolano califica dentro de lo que se llama migración forzada», dijo.
La activista indicó que la ONG quiere llamar la atención de las misiones diplomáticas del continente ante lo que, advierte, se agravará en los meses venideros.
«Nuestras estimaciones indican que entre marzo y mayo, el número de venezolanos que sale diariamente por las distintas fronteras pasó de 5.000 a 10.000. De acuerdo a Acnur (despacho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) hasta marzo 1,6 millones de personas habían emigrado de Venezuela. Al cierre de 2018 este flujo migratorio podría duplicarse y superar los 3 millones. Esa es la tendencia y eso es lo que nos alarma», detalló.
Bolívar aseguró que el CDH-UCAB también exhortará a los gobiernos de la región a poner en marcha cuanto antes un programa coordinado con medidas de protección de largo aliento.
«Le damos la bienvenida a las iniciativas que han emprendido naciones como Colombia y Perú, que están otorgando tarjetas temporales de residencia, pero se requiere de medidas a largo plazo. Se trata de que los países, sobre todo los receptores, entiendan que esto no es un problema temporal sino que se va a mantener por mucho tiempo, porque las condiciones económicas y sociales de Venezuela van a empeorar. Incluso, si se diera un cambio de gobierno, la gente no va a regresar de la noche a la mañana porque las dificultades de salud, alimentación e infraestructura no se superarán inmediatamente», explicó.
Dijo que también expondrá ante los participantes la necesidad de atención y protección a los venezolanos que están en situación de vulnerabilidad migratoria por la negación de pasaportes.
«El gobierno venezolano está negándole a sus ciudadanos los documentos de identidad, no solo dentro sino también fuera del país. Tenemos información de gente que lleva hasta 26 meses esperando por la renovación de un pasaporte y el consulado no se lo tramita. Hay personas que han perdido trabajos y están en un limbo porque no pueden estamparle el permiso de residencia, aun habiendo cumplido los trámites. Creemos que los gobiernos deben flexibilizar los trámites migratorios en estos casos porque se trata de la vulneración de un derecho humano, como lo es la identidad», dijo.
En las próximas semanas, el CDH-UCAB expondrá en otros foros la crisis migratoria venezolana para promover acciones concretas que ayuden a enfrentar esta situación. A finales de junio, la ONG participará una reunión paralela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Consulta anual de Acnur con organizaciones de la sociedad civil. Ambos encuentros se desarrollarán en Ginebra, Suiza.
«Confiamos en que este mismo año se defina un plan regional de atención a los migrantes
venezolanos, porque este es un problema grave que está afectando a todo el continente,
principalmente a los países fronterizos con Venezuela. Nuestra idea es trabajar para que se
comiencen a dar pasos en esa dirección. Lo demás no depende de nosotros, depende de los
gobiernos», afirmó Ligia Bolívar.
Sobre la sentencia de la Corte Interamericana y la «Lista Tascón»
Bolívar se pronunció también sobre la sentencia emitida este miércoles 30 de mayo por la CIDH, en la que los jueces de este tribunal, de manera unánime, encontraron al Estado venezolano «responsable por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión» así como de «desviación de poder y discriminación política», al despedir arbitrariamente a funcionarios del Gobierno nacional que firmaron en el año 2003 a favor del referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez y fueron incluidos en la llamada «Lista Tascón».
El caso había sido presentado por Rocío San Miguel, Magally Chang Girón y Thais
Coromoto Peña (quienes fueron víctimas del despido cuando eran empleadas del Consejo
Nacional de Fronteras) y fue tramitado por el equipo del CDH-UCAB ante este órgano judicial adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Para nosotros es una sentencia muy importante porque es la primera de la Corte
Interamericana en la que se trata el tema de la discriminación por razones políticas. Es una
sentencia importante para el continente, pero sobre todo es tremendamente importante para Venezuela en momentos en que la Lista Tascón sigue viva de diferentes maneras y ha mutado hacia lo que hoy se conoce como el Carnet de la patria, una nueva forma de
discriminación, una nueva Lista Tascón que está utilizando el Gobierno con mayor perversidad porque es negarle a la población acceso a comida, a vivienda, a medicamentos
por un control político inaceptable. Esa es la importancia de la sentencia. Esto que está
pasando hoy en Venezuela en materia de discriminación no va a quedar impune porque esa
sentencia ya nos da la plataforma para luchar a favor de los derechos de todas estas
personas», enfatizó Bolívar.
En un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter (@CorteIDH) la CIDH «ordenó diversas medidas de reparación, entre las que destacan, aquellas destinadas a adoptar las medidas necesarias para que los hechos relevantes de desviación de poder no queden en impunidad».
