Los 14 países americanos del Grupo de Lima acordaron desconocer las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela por «no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente».
En un comunicado de la entidad difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, los ejecutivos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía anunciaron una serie de medidas como reacción al proceso comicial que culminó con la reelección del presidente Nicolás Maduro. Destaca la «coordinación de acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria teniendo presente previo a su otorgamiento, los posibles efectos no deseados en economías de terceros países más vulnerables».
Asimismo, los Estados del Grupo de Lima reducirán el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar su protesta.
Intensificarán y ampliarán el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que «pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades criminales, tales como en el congelamiento de activos y la aplicación de restricciones financieras».
«En el marco de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de los mecanismos operacionales ya existentes, se insta a contar con un análisis de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y se propone además que los países sensibilicen al sector privado en sus jurisdicciones, sobre las amenazas y riesgos de lavado de dinero y corrupción que han identificado en Venezuela y que afecten a la región, lo que ampliará la capacidad de prevenir o detectar posibles actos ilícitos con mayor oportunidad. De igual forma, se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción».
El Grupo de Lima presentará una nueva resolución sobre la situación en Venezuela en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
