La Fundación Arcadia expresa su mayor preocupación por la expulsión arbitraria y la devolución, por parte de las autoridades de Curazao, de decenas de venezolanos solicitantes de Refugio, lo que contraría el Derecho Internacional y compromete la responsabilidad internacional de los Países Bajos.
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La gravísima crisis en Venezuela, traducida en una auténtica catástrofe humanitaria, como lo han expresado organizaciones internacionales, gobiernos de la región y de Europa y organizaciones no gubernamentales, ha obligado a centenares de miles de venezolanos a desplazarse hacia el exterior, solicitando refugio para garantizar su vida y su integridad física.
Ante la llegada de flujos importantes de venezolanos, el ACNUR, otras organizaciones internacionales y los gobiernos de los países receptores han adoptado medidas importantes para proteger a los venezolanos en esa situación y para organizar la migración y evitar repercusiones negativas en su estructura social y económica.
En días pasados, cientos de venezolanos huyeron de la crisis humanitaria en Venezuela a la Isla de Curazao, para solicitar Asilo, lo que implica consideraciones humanas que les permitan vivir, al menos mientras exista la crisis, a lo que han reaccionado en forma desconsiderada, las autoridades de la isla y de Holanda.
El gobierno de Curazao estaría violando normas fundamentales de Derecho Internacional al no considerar las solicitudes de Asilo, conforme a los instrumentos internacionales de los cuales es parte el Reino de los Países Bajos, el Estatuto de Refugiados de 1950 en particular, y al adoptar medidas en contra de los solicitantes, confundiendo esta figura, aplicable en casos de desplazamientos masivos por situaciones graves en el país de origen, como es el caso de Venezuela en estos momentos, con otras instituciones, que regulan los desplazamientos de personas y las migraciones.
El gobierno de Curazao evidencia, no solamente un desconocimiento total de los procedimientos para examinar las solicitudes, sino que viola también normas fundamentales de Derecho Internacional relacionadas con la expulsión de extranjeros, cuya expulsión masiva está absolutamente prohibida por el Derecho Internacional; y, además, en todos los casos, la expulsión debe basarse en un acto administrativo interno, lo que supone un proceso realizado conforme al Derecho en el que las personas objeto de la expulsión puedan presentar sus argumentos en el marco de un debido proceso. Por otra parte, la expulsión, como lo considera hoy el Derecho Internacional, debe ajustarse al respeto pleno de los Derechos Humanos de las personas, lo que no ha sido considerado por las autoridades locales.
Las autoridades curazoleñas y por ende el Reino de los Países Bajos violan, además, el principio fundamental de protección de Derecho Internacional: el Non Refoulement o no devolución que impide que un Estado devuelva arbitrariamente a una persona a su Estado de origen si su vida y su integridad personal están en peligro.
El tratamiento dado a los venezolanos compromete no solamente a las autoridades de Curazao, sino al Reino de los Países Bajos toda vez que las obligaciones asumidas por el Reino deben ser respetadas por todas las entidades que conforman el Estado, los territorios Neerlandés de ultramar y los municipios especiales del Caribe Neerlandés, en este caso concreto. De manera que los hechos internacionalmente ilícitos cometidos por las autoridades de Curaçao, al violar compromisos internacionales asumidos por el Reino pueden comprometer su responsabilidad internacional, de conformidad con lo establecido por el Derecho Internacional consuetudinario hoy reconocido y aceptado como tal.
El Gobierno de los Países Bajos debe enfrentar con la mayor responsabilidad esta situación, por lo demás grave, como un problema estadal y no como una simple situación que interesa exclusivamente a una de sus jurisdicciones.
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