En la capital de Venezuela comienzan a ser recurrentes los apagones: 116 averías en 2018. Las protestas se multiplican, mientras el deterioro de la calidad de vida se agudiza, publicó Florantonia Singer en El País.
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Cien metros de cable recorren un edificio de cuatro pisos y cruzan una calle hasta la casa de Deisy Marín en un sector de Las Minas, en el este de Caracas. Desde hace una semana la extensión permite conectar el colchón antiescaras sobre el que la madre de Marín pasa los últimos días de un cáncer de seno que se diseminó a los huesos por falta de medicinas. Es jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y Marín no fue a trabajar. No se unió a la huelga que hicieron en otros países para conmemorar la fecha; a ella le tocó salir a protestar porque ese día su comunidad cumplía siete días sin luz, una situación que ya dejó de ser esporádica en sectores en la capital de Venezuela y que agudiza la conflictividad social y el malvivir de los ciudadanos del país sudamericano, donde escasea hasta la electricidad.
“Tengo a mi mamá con cáncer, no tengo nevera donde guardar la comida y las medicinas que debe tomar. Tengo dos hijos a los que no les puedo preparar el biberón porque no puedo encender la licuadora. Y tampoco tenemos plata para comprar velas y hielo todos los días. Esto es demasiado difícil, de verdad”, dijo la mujer de 33 años, enervada hasta el extremo, mientras pedía a los vecinos sumarse a la protesta y no ceder a la presión de los guardias nacionales que se acercaron con la intención de disuadirla.
Para el momento en que esa comunidad decidió salir a protestar, la empresa de electricidad estatal, Corpoelec, no les había dado ninguna respuesta sobre el restablecimiento del servicio, después casi una semana de interrupción. En la espera, indignados en medio de la estrecha calle, se barajaban los lamentos, las especulaciones sobre la avería y las vías para solventarla, que en conjunto dibujan el Estado fallido en el que se ha convertido Venezuela, sumida en una grave crisis económica, política y social.
Un vecino aseguró que el aparato que les daba luz botaba aceite y que no se le había hecho mantenimiento desde hace dos años. Otro sugirió conformar una comisión para ir hablar con un militar que trabajaba en Corpoelec y que suele comer en un restaurante de la zona. Otra más contó que perdió las insulinas para su diabetes porque requieren refrigeración. Todos expresaron su indignación porque un técnico de la cuadrilla que se acercó a evaluar la falla les dijo que la empresa no disponía de equipos para reemplazar el averiado, por lo que si querían luz debían comprarlo ellos. La respuesta a esa propuesta estaba en una de las pancartas que llevaron a la protesta: “Somos 80 familias del pueblo, no tenemos 400 millones de bolívares (unos 1.800 dólares al cambio paralelo) para un transformador”.
La falta de mantenimiento de la red eléctrica, por falta de recursos y de personal, así como la disminución de la generación eléctrica, por la desinversión, la mala gestión y la corrupción en la empresa estatal Corpoelec está trayendo la oscurana a la capital, que en años de crisis y de chavismo, había estado blindada ante estos eventos. En lo que va de año se han producido 116 fallas del servicio en la capital, entre interrupciones totales y bajones en la intensidad de la luz, un número que antes podía ser el récord de todo un año, según los datos que recaba Aixa López, presidenta del Comité Víctimas de los Apagones, creado hace 9 años cuando las fallas eléctricas comenzaron a encender las alarmas del colapso que hoy se viviendo.
“Caracas ya no está blindada, el sistema está colapsado y el gobierno se protege con la tesis del sabotaje. Al ciudadano lo único que le queda es salir corriendo a desenchufar sus equipos, para salvarlos de los cambios de intensidad en la corriente, porque aunque existe una Ley del Servicio Eléctrico que nos permite fiscalizar el servicio y exigir indemnizaciones, este gobierno no responde”, señala López.
Deterioro a todo nivel
La grave crisis que vive el país tiene su expresión en cada parpadeo de la luz y en las demoras en solventar las cada vez más frecuentes averías. En 2017 unos 17.000 trabajadores, muchos de ellos técnicos, renunciaron a la empresa eléctrica; el personal que queda no tiene la indumentaria para trabajar ni para protegerse ante accidentes; los laboratorios especializados para garantizar el mantenimiento preventivo del complejo sistema eléctrico no están operativos por falta de insumos o equipos averiados; y finalmente, aunque hay 3.900 megavatios instalados para atender la región central del país, solo se logra generar un tercio de la capacidad porque hay unidades dañadas o sin combustible en el caso de las plantas termoeléctricas. El diagnóstico lo hace un dirigente gremial que pide resguardar su identidad, por temor a represalias del gobierno de Nicolás Maduro que ya ha encarcelado a sindicalistas por denunciar.
“Se ha desprofesionalizado la empresa y los empleados que quedan trabajan horas extras sin días de descanso. No tenemos suficientes vehículos para atender las averías y a veces no hay ni 20 metros de cable una reparación de rutina”, cuenta la fuente y confirma la poca disponibilidad de transformadores para solventar averías como la de los vecinos de Las Minas. En calles y autopistas de la ciudad, una Caracas fantasmagórica con hileras de postes apagados, hay otra muestra de la incapacidad de la empresa hasta para reponer un simple bombillo del sistema de alumbrado público.
La demanda eléctrica del país, que llega a 12.000 megavatios por hora, está soportada en gran parte por el sistema hidroeléctrico de Guri, ubicado en el sur del país, que hace un par de años bajó su nivel de agua por la sequía y obligó a un severo racionamiento en las provincias. Este sistema debe suplir el déficit de generación que tienen las regiones del país, como la centro-norte costera, que incluye a la capital. Cuando el sistema se sobrecarga las líneas saltan y viene la oscuridad. Marzo está apenas comenzando y ya se han reportado apagones que abarcan varios estados del país. Esta semana una falla de gran tamaño dejó al aeropuerto internacional Simón Bolívar sin luz y bajo el caos y congestionó la ciudad por la interrupción del servicio del Metro. Estos grandes apagones, que el mes pasado se repitieron en tres oportunidades, se suman a los que ocurren de forma puntual en comunidades y a los que afectan a los ciudadanos de forma indirecta, como con el suministro de agua en una ciudad que se surte de un embalse ubicado a 400 kilómetros de distancia y que depende de bombas eléctricas para enviar el líquido hasta los grifos de Caracas.
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