Eva Barrera enhebra agujas, escoge telas y diseña lencería infantil colorida y prolija durante 12 horas al día. Lo hace, junto a otras cuatro costureras, en un pequeño taller en su casa. Atrás quedaron los proyectos en los que durante una década participó como analista programador I en la Gerencia de Informática de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), reseñó María Ramírez Cabello / Correo Del Caroní.
De interés: Distorsiones económicas vuelve inviable mantener operativos a centros educativos
La ahora costurera a tiempo completo llevaba el mantenimiento y adecuaciones del área de recursos humanos del sistema administrativo de CVG. En 2017, cuenta, el ambiente de trabajo empeoró. “Los gerentes no se veían, no había aire acondicionado ni agua para beber, desde junio ya quería renunciar”, asegura la egresada de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).
El deterioro salarial se acentuó. Un profesional con más de cinco años de servicio estaba apenas un pasito por encima del salario mínimo, con beneficios extintos o deteriorados. No había forma de cubrir gastos básicos y las perspectivas de crecimiento profesional y ascenso por méritos en la estructura gerencial se convirtieron en un espejismo, en la medida en que la política privilegió la simpatía y el afecto por el partido de gobierno por encima de la experiencia y las cualidades para el trabajo.
Como muchos profesionales en las empresas básicas que consideraban un privilegio ser empleados en las estatales, Barrera, de 35 años, quien se había iniciado en la costura en un pequeño cuarto de su casa, decidió renunciar en noviembre de 2017. Como ella, decenas de cevegistas con más de una y dos décadas de servicio se han separado de la empresa o han decidido desempeñar en sus tiempos libres otras actividades profesionales relacionadas con sus carreras en algunos casos.
“Hay albañiles, taxistas, corredores de seguros, asesores inmobiliarios, técnicos de computación, maquilladoras, reposteras… es que los trabajadores no han cobrado cuando ya deben todo”, sostiene el secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SunepCVG), Cecilio Pineda, quien precisa que un trabajador de CVG con un ingreso mínimo legal de Bs. 2,8 millones que resultan de la suma del sueldo promedio, el bono de alimentación y el bono familiar, requiere casi tres remuneraciones de esa proporción para cubrir una reducida canasta alimentaria que cataloga de supervivencia.
Barrera lo vivió en carne propia y lo sabe aún, pues entre sus costureras cuenta con una trabajadora activa de CVG que al terminar su jornada acude a su segundo empleo en el taller de costura, el corazón de la empresa inspirada en su primer hijo: Creaciones Textiles TDB. “Mi amiga tiene 20 años en la empresa y aquí, en mi taller, saca quincenal el doble de un mes de salario en CVG”, señala.
Sin embargo, algo la mantenía atada a CVG, confiesa. “Deseaba dedicarme de lleno al taller, pero algo no me dejaba irme, quizás la esperanza de que las cosas mejoraran. Cuando me fui pensé que me iba a afectar, pero no. El seguro del carro ya nos lo habían quitado y el único beneficio era el Centro Infantil pero ya mi hijo había perdido un mes de clases por problemas con la comida”, relata.
Cuenta, además, que sentía que había quedado estancada desde el punto de vista profesional. “Ya en la empresa no había adiestramiento anual y mis conocimientos se quedaron estancados en el tiempo. Era buena y consideraba que era capaz de ser gerente pero me di cuenta que por mis méritos no lo iba a lograr”.
Barrera no se arrepiente: “Quien quedó en mi cargo tiene un sueldo promedio de 700 mil bolívares, nadie podría vivir con eso”, apunta.
Descalabro salarial continuado
A partir del 15 de febrero, el salario promedio de los empleados del otrora ente de desarrollo regional es de un millón 200 mil bolívares, tras el aumento del salario mínimo en 58%, precisa el secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG. Solo este monto permitiría cubrir apenas dos cartones de huevo o dos kilos de carne.
A este monto se añade el bono de alimentación de Bs. 915 mil y un bono familiar de Bs. 732 mil, para un ingreso de Bs. 2.847.000.
Pineda hizo un análisis y estimó que una canasta de alimentación familiar de supervivencia, que solo incluye harina de maíz, café, arroz, caraotas y margarina a precios previos al más reciente ajuste salarial, tiene un costo de Bs. 7,5 millones. Esa cesta mínima excluye proteínas, lácteos, frutas y hortalizas y, por lo tanto, no permite una dieta balanceada y con la carga nutricional para los diferentes miembros de la familia. Un trabajador de CVG requeriría 2,6 salarios para cubrirla.
La estimación del déficit es más precisa si se considera la canasta alimentaria familiar del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Según los cálculos de la organización, la canasta alimentaria familiar de enero escaló a 24.402.767,10 bolívares. La remuneración mínima legal de un empleado activo de CVG cubre apenas 11,6% de la cesta de alimentos. La cobertura en el caso de los jubilados es, en extremo, inferior.
La precariedad salarial es mayor si se contrasta con la cesta básica familiar, que incluye además de alimentos, servicios y gastos en educación, salud, ropa y calzado y alquiler de vivienda. Esta cesta saltó en el primer mes de 2018 a 35.392.706,24 bolívares, de modo que un trabajador de CVG puede cubrir apenas un 8% del total.
“En consultas con trabajadores que compran el almuerzo en la calle, el más económico cuesta Bs. 150 mil. El bono de alimentación les alcanza solo para comer seis días ¿y el resto del mes? ¿y sus familias?”, se pregunta Pineda, quien también ha tenido que taxear en sus tiempos libres e incursionar en el sector inmobiliario para poder cubrir sus gastos.
En una economía con hiperinflación donde el volátil dólar paralelo sirve de referencia a la mayoría de los precios en el mercado, el salario de un trabajador de CVG equivale a $13,1, de acuerdo con la cotización del viernes de Bs. 215.778 por dólar.
SunepCVG elaboró un plan de emergencia socioeconómica, cuya discusión -aseguran- no puede esperar. El programa incluye 40 cláusulas y ya fue entregado al presidente del ente, Justo Noguera Pietri. El próximo martes 13 de marzo será presentado a todos los funcionarios en una asamblea en la planta baja del antiguo Maxy’s. Entre las solicitudes está un aumento de 400% de sueldos, salarios y pensiones y un bono de Bs. 3 millones por cada mes de atraso en la discusión del contrato colectivo, extensivo a las nóminas diaria, mensual, ejecutiva y jubilados.
“El poder adquisitivo está tan menguado que hay trabajadores que por no tener para el pasaje, no pueden ir a trabajar. Otros no tienen para comprar un jabón para lavar la ropa, porque o lavan o comen. Otros grupos han renunciado en un promedio de cinco personas por mes”, alertó.
Trabajadores, que creían su futuro asegurado por laboral en la corporación, “han tenido que vender sus carros para someterse a intervenciones médicas y están vendiendo sus casas para cambiarlas por inmuebles pequeños para sobrevivir con el remanente”.
Miguel Arellano, un ex trabajador de la Gerencia de Soporte Técnico de CVG residenciado en Chile desde 2015, cuenta que el ingreso familiar de él y su esposa, quien trabajaba en Venalum, alcanzaba solo para pagar deudas. Sus planes de construir una carrera profesional e ir escalando posiciones se cayeron, ahí coincide con Barrera, cuando los méritos no eran considerados en la toma de decisiones.
Al ingeniero de sistemas lo reubicaron en una oficina en las que las tareas no se compaginaban con su perfil curricular; el deterioro de las condiciones de trabajo ya era evidente; el horario se redujo a la mitad. “No había incentivo a la ejecución de las tareas, no era claro el panorama de carrera que me había planteado y finalmente, era tiempo de tomar decisiones”.
Arellano renunció en 2015, se mudó a Chile ese mismo mes y actualmente trabaja para HP Enterprise, la división de Sistemas de HP, compañía informática reconocida globalmente.
“Creo que CVG era una empresa que daba para muchas opciones de mejoras socioeconómicas y profesionales. Una empresa íntegra que fue disminuyendo su crecimiento -en todo sentido- y que ofrecía las posibilidades de crecer junto a ella. Para mí, era motivo de orgullo estar allí, sobre todo cuando en ocasiones, éramos punto de referencia técnica y tecnológica para otras empresas”, asevera.
La institución, que sirvió para generar importantes proyectos de infraestructura y desarrollo en el país, se ha convertido en un ente con un personal subutilizado. “Tanto que pudiéramos hacer, pero la misión y la visión de la CVG la perdimos hace rato”, apunta Pineda.
Profesionales con sueldo mínimo
La esperanza de que el panorama de la CVG mejore la conservan aún cientos de empleados que, contra viento y marea, siguen laborando en la casa matriz del emporio industrial de Guayana. Pero su dedicación al ente la comparten ahora con otros roles. Por temor a represalias, prefieren reservar sus nombres.
“Pasamos de ser profesionales con ingresos por encima de seis sueldos mínimos a ganar un sueldo mínimo más el 10% o un sueldo mínimo y medio. Los beneficios sociales, el seguro de HCM, el seguro de vehículos y otros que ayudaban a mantener la calidad de vida del trabajador, decayeron”, sostuvo una ingeniera con 16 años de antigüedad en la CVG, que se convirtió en maquilladora y en empresaria de cosméticos hace cuatro años. “Mi socia y yo somos maquilladoras certificadas y vendemos al mayor y detal especialmente para revendedores”, explica.
Un TSU en Agropecuaria con más de una década en CVG dedica sus horas libres a la venta de seguros. “La situación económica lo amerita. Sé de vigilantes que han metido reposos y bajan a las zonas mineras, llevan cigarros, ropa y traen oro y lo venden aquí, pero es que si la nómina diaria saca Bs. 200 mil semanal, ¿qué se hace con eso?”, cuestiona.
Además de vender seguros, hace transporte y mata tigres como puede. “El deterioro ha sido abismal, el último 15 me pagaron 540 mil bolívares con deducciones, para comprar un cartón de huevos debo completar”.
“Quienes seguimos lo hacemos porque creemos en este país, en que debe haber una salida y un cambio, y que desde la CVG vamos a aportar nuestros conocimientos”, sostiene el secretario de organización, Cecilio Pineda.
Barrera, en cambio, ya está en otro nivel. Ya no debe lidiar con el deterioro de los beneficios socioeconómicos de la CVG, sino con la inflación de las telas y materias primas. Con el apoyo de sus aliadas y trabajadoras del taller de costura, Joelys, Marlenis, Adaurelis y Pilin, se visualiza en unos años en una fábrica. Junto a su esposo, ya piensan en exportación.
“Mi sueño era trabajar en una empresa básica porque eso fue lo que me inculcaron, pero esto me ha enseñado que todo es posible y claro que deseo que a CVG le vaya bien, porque si a la empresa le va bien yo podré seguir creciendo”, puntualiza, bajo el sonido de las máquinas de costura.
Más información: Unas 116 fallas eléctricas ha experimentado Caracas en lo que va de 2018
