El dirigente político en el exilio, Óscar Pérez, dio detalles a través de su cuenta en twitter de los delitos por los cuales el Ministerio Público imputa a su esposa Martha Molina y su hija Georgina Pérez, así como a dos voluntarios, Meudis Bolívar y José Miguel Román, de la ONG que pretendía reunir más de cien niños con sus padres en Perú.
Mi esposa, hija y voluntarios solo recibieron los poderes de los padres de los niños que se reagruparían con ellos y por expresa solicitud y aprobación de ellos. La ONG no tramitó permiso alguno, todo lo hicieron sus padres
— Oscar Pérez Torrez (@oscarabp) 17 de diciembre de 2017
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Según Pérez la fiscal que lleva el caso está acusando a los involucrados de: tratas de blancas, forjamiento de documentos y asociación para delinquir.
Les ruego apoyo para mi esposa, hija y voluntarios presos injustamente imputados por delitos que jamás cometerían. Solo apoyaban a padres venezolanos en el sueño de reencontrarse con sus hijos en Perú
— Oscar Pérez Torrez (@oscarabp) 17 de diciembre de 2017
Pérez indicó que “atendiendo ordenes por ‘Whatsapp’, fiscal imputa a mi esposa, hija y dos voluntarios de ONG los delitos de trata de personas, asociación para delinquir y uso de documentos falsos. La mentira y la maldad no pueden llegar a tal limite”.
Explicó que sus familiares y los voluntarios solo recibieron los poderes de los padres, “la ONG no tramitó permiso alguno”.
Atendiendo ordenes por Whatsaap, fiscal imputa a mi esposa, hija y dos voluntarios de ONG los delitos de trata de personas, asociación para delinquir y uso de documentos falsos. La mentira y la maldad no pueden llegar a tal limite
— Oscar Pérez Torrez (@oscarabp) 17 de diciembre de 2017
Este domingo se realizará la audiencia de presentación por el caso en los tribunales de La Guaira.
Por su parte el abogado defensor, Carlos Daniel Moreno, aseguró que los detenidos no habían cometido ni participado en ningún delito.
“Son totalmente absurdas las imputaciones realizadas por el Ministerio Público en contra de estos ciudadanos. Se evidencia en las actas que no han cometido delito alguno y en contraste resalta la labor humanitaria y altruista de reunir a hijos y padres que han tenido que emigrar”.
Emilio Piñate, padre de una de las niñas que no pudo viajar, considera que la decisión del gobierno de no dejar viajar a los niños “era la ilusión de un niño” de reunirse con su mamá en Perú.
También Lilibeth Hernández, explicó que los representantes de la Lopna no explicaron por qué los documentos no estaban en regla. Su hijo de 10 años, quien iba a viajar con el grupo, le anularon el pasaporte. “Yo autoricé a esa persona para que mi hijo viajara, y su padre lo iba a esperar en Perú”, dijo. Asegura que legalizó sus documentos y que el gobierno diga todo eso ahora, “no tiene perdón de Dios”.
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