Aunque estrechar lazos en materia agrícola, militar, tecnológica, petrolera y financiera es el principal argumento dado por Nicolás Maduro respecto a la gira que emprendió por Rusia, Bielorrusia y Turquía, los analistas insisten en que el refinanciamiento de deuda y la obtención de nuevos empréstitos son el verdadero motivo del viaje.
De hecho, el propio ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, informó previamente que entre los asuntos tratados por Maduro y Putin está la negociación de la deuda que por 4.000 millones de dólares contrajo Venezuela en 2012 y que debía cancelar en 2016, cuando se logró una prórroga que concluye este año.
“No lo descarto, las negociaciones avanzan y estamos buscando soluciones mutuamente aceptables”, dijo Siluánov esta misma semana.
En contraparte, Venezuela estaría dispuesta a ceder más espacio a las empresas rusas en la explotación de la faja del Orinoco y otros negocios petroleros, ello con base en conversaciones previas llevadas adelante desde principios de año y que permitiría a la estatal rusa Rosneft intervenir con mayor fuerza en varios de los bloques de explotación.
Este mismo miércoles, el ministro de Petróleo Eulogio del Pino, confirmó que se están dando conversaciones para cambiar la participación de 49,9% que tiene Rosneft en la estadounidense Citgo, filial de Pdvsa, por otros negocios en Venezuela, para lo cual el país deberá hacer una sustancial oferta que sea aceptada por los rusos.
También se tiene previsto que Moscú amplíe su presencia en la exploración de gas natural, uno de los recursos más abundantes en el subsuelo venezolano, lo que implica que ya han comenzado las negociaciones con Gazprom, la estatal rusa en la materia.
El tema alimentos no queda por fuera del encuentro. Para empezar, Venezuela buscará garantizar el envío de al menos 30.000 toneladas mensuales de trigo ruso, como parte de un acuerdo suscrito el año pasado y que comenzó a operar en julio pasado.
También pretende conseguir fuentes alternas de suministro de alimentos esenciales, en previsión de que sus proveedores habituales se vena afectados por las sanciones aplicadas por EEUU y una hipotética política similar por parte de la Unión Europea, así como por parte de países latinoamericanos.