Washington.- La administración de Donald Trump condenó el miércoles que la «ilegítima» Asamblea Constituyente en Venezuela enjuicie a opositores e instó al gobierno de Nicolás Maduro a disolver este órgano, liberar a todos los «presos políticos» y realizar elecciones «libres».
«Estados Unidos condena la convocatoria de juicios de la oposición política por parte de la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela, incluidos los miembros de la legislatura democráticamente elegida, por cargos de traición y supuesta participación en la crisis económica de Venezuela», indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
La Constituyente que rige en Venezuela con plenos poderes desde el 4 de agosto anunció el martes que llevará a juicio por «traición a la patria» a dirigentes opositores a quienes acusa de promover las sanciones de Estados Unidos contra el país.
«Esta injusticia es solo la más reciente de un esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para debilitar la democracia, reprimir la disidencia política y sembrar el temor entre sus críticos», subrayó Nauert.
«Representa otra ruptura en el orden constitucional de Venezuela», agregó.
Este miércoles, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que la democracia en Venezuela «apenas está viva, si todavía está viva», al presentar un informe que acusa al gobierno venezolano de «reprimir el disenso político e infundir temor en la población».
Washington atribuyó además la severa escasez que vive el país al gobierno de Maduro.
«La situación económica de Venezuela es el resultado de las políticas equivocadas y la corrupción del régimen de Maduro, que tiene responsabilidad directa por el sufrimiento del pueblo venezolano», señaló la declaración.
Trump prohibió el viernes pasado mediante un decreto negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y la estatal petrolera PDVSA, lo que Maduro tildó de «brutal agresión» en medio de la grave crisis económica del país.
La Constituyente impulsada por Maduro tiene un mandato de años con poderes absolutos, pero ha sido desconocida por una docena de países de la región, Estados Unidos, España, y organizaciones como la Unión Europea y el Mercosur.
«Instamos al gobierno venezolano a que lleve a cabo elecciones libres, justas y supervisadas por observadores internacionales; que disuelva la ilegítima Asamblea Constituyente; que respete la Constitución y las autoridades de la Asamblea Nacional; que disponga la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; y que atienda las necesidades humanitarias del pueblo venezolano», concluyó el texto del Departamento de Estado.
Según la oposición, en Venezuela hay unos 590 «presos políticos».
