La fiscal Luisa Ortega Díaz, consideró “inoficiosa e impertinente” la prueba grafotécnica solicitada por el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para verificar la autenticidad de su firma.
Asimismo es importante recordar que el máximo tribunal a través de la sala plena se ordenó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que practique la experticia grafotécnica correspondiente en el lapso perentorio más inmediato del cual, hasta los momentos, se desconocen resultados.
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Durante una entrevista telefónica concedida a la emisora Radio Con Vos de Argentina, Ortega Díaz argumentó que el documento del 21 de enero de 2016 resume parte de los actos que realizó el Consejo Moral Republicano, mas no la designación de los magistrados.
En tal sentido, sostuvo que su firma aparece en esa acta y no en la del 16 de diciembre de 2015, cuando supuestamente se verificaron los expedientes de los candidatos a magistrados.
En esta oportunidad, explicó que el proceso que se le sigue en la actualidad por el TSJ representa una clara intención de removerla de su cargo, facultad que solo le corresponde a la Asamblea Nacional.
Dijo que las decisiones de esa instancia judicial agravan la situación económica, escasez de alimentos y medicinas, por lo que afirmó que Venezuela requiere un canal humanitario para solventar esta coyuntura.
Señaló que estos problemas no son abordados por el gobierno nacional y pareciera que no se les quiere buscar solución.
Derechos humanos
Expresó que en estos momentos el país atraviesa una grave violación de los derechos humanos nunca vista en su historia republicana.
“Ni durante la Guerra Federal, ni antes en Venezuela se había vivido tal violación a los derechos humanos”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público.
Adicionalmente, explicó que otra situación grave es la pretensión del gobierno de invadir la independencia de otros poderes públicos, para favorecer la permanencia del Ejecutivo en el poder.
Desconocimiento a decisiones inconstitucionales
Durante la entrevista la Fiscal General manifestó que desconoce cuáles son las intenciones del proceso misterioso que emprendió el TSJ en su contra, pues aseguró que puede pasar cualquier cosa en un escenario de inseguridad jurídica.
Explicó que fue denunciada por supuestas faltas graves y desde entonces la han tratado como si hubiera cometido un delito, al tiempo que señaló que transcurrieron 13 días para poder acceder a su expediente y conocer su contenido.
En dicho trámite, la máxima representante del Ministerio Público indicó que un diputado se arrogó la condición de titular de la acción penal señalando una sentencia que no había sido anunciada para el momento, por lo que se preguntó como tal situación fue posible, ya que esta fue publicada ocho días más tarde.
De igual manera, denunció que sus defensores al presentarse ante tal instancia judicial fueron rechazados, por lo que ha sido dificultoso accesar a ese proceso amañado. Por otra parte, Ortega Díaz reiteró que desconoce la legitimidad de los magistrados del TSJ y, en consecuencia, sus decisiones, así como cualquier otro acto ilegal, inconstitucional e ilegítimo que estos promuevan.
En este sentido, aclaró que está dispuesta a permanecer en el Ministerio Público a menos de que por vía de facto procedan a allanar o a ingresar violentamente, como lo hicieron en la Asamblea Nacional.
La alta funcionaria comentó que no le teme al gobierno por ello es que se ha desatado un proceso de retaliación en su contra.
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