Responsabilizó al Gobierno por amenazas a su familia
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia la designación de los magistrados de esta instancia nombrados en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional saliente.
En declaraciones a Unión Radio, la titular del Ministerio Público argumentó que el proceso de designación de esos 13 jueces principales y 21 suplentes estuvo viciada y que estos carecen de legitimidad. Afirmó que esta falta condiciona las decisiones de los magistrados. Además, expresó que el TSJ «se ha vuelto un obstáculo para la paz del país y acelera la crisis».
Ortega Díaz dijo que, por el bien del país, los magistrados en cuestión deberían abstenerse de participar en el proceso que acaba de iniciar. En caso contrario, advirtió que «los recusará de pleno derecho». Agregó que, «por el bien del país», esos magistrados deberían desincorporarse de sus puestos de inmediato.
La fiscal manifestó que en su momento ella no firmó la designación de los magistrados, pero que no se había manifestado públicamente al respecto por no poseer las pruebas. Precisó que a su despacho se le había hecho muy difícil acceder a las actas del Consejo Moral Republicano.
Denunció que ha habido amenazas contra sus familiares y responsabilizó al Gobierno nacional por cualquier cosa que les ocurra. Los mensajes, según ella, vienen del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Todo esto se produce luego de que la Sala Electoral del TSJ rechazara un recurso de nulidad contra el llamado a una asamblea nacional constituyente introducido la semana pasada por la fiscal. Ortega Díaz declaró a Unión Radio justo después de ir a la sede del tribunal a solicitar copia de la decisión de la sala.
