La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la acción por «intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos» contra el alcalde del municipio Carlos Ocariz donde se le obliga a evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito.
De interés: Venezuela analiza opciones para pagar deuda de 66.280 millones de dólares
La sentencia N° 373/2017 acordó el amparo cautelar solicitado, ordenándose al alcalde realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley.
Ocariz se une a ocho alcaldes opositores, cinco mirandinos y tres merideños, que recibieron las demandas ayer. En Miranda las acciones involucran a Gerardo Blyde, alcalde del municipio Baruta; José Luis Rodríguez Fernández, alcalde del municipio Carrizal; José Fernández López, del municipio Los Salias; Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo.
En Mérida los mandatarios son Juan Peña, alcalde del municipio Alberto Adriani; Carlos García, alcalde del municipio Libertador y Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías.
Ocariz además debe impidir reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias psico trópicas y estupefacientes; ejercer la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías de conformidad con lo establecido en el Texto Fundamental, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Más información: INAC prohíbe a aerolíneas nacionales vender pasajes a diputados y dirigentes opositores
