El Congreso de Estados Unidos adoptó este jueves, con relativo consenso, una ley de presupuesto para financiar el Estado federal hasta el 30 de septiembre, descartando definitivamente un cierre de la administración la noche del viernes.
El Senado aprobó la ley con 79 votos contra 18, un día antes de que venciera el plazo -la noche del viernes- para aprobar el financiamiento y luego de que el miércoles la Cámara de Representantes diera su aval con 309 votos contra 118.
Ahora resta que el presidente Donald Trump firme la ley, fruto de largas negociaciones entre la mayoría republicana y los demócratas.
La minoría demócrata estima haber ganado la partida al impedir la inclusión de varias medidas prioritarias para el presidente Trump, como el inicio de la construcción del muro fronterizo con México.
La Casa Blanca subrayó que el gasto militar aumentará considerablemente gracias a esta ley, respecto a lo destinado el año pasado, y que se desbloquerán nuevos créditos para reforzar o renovar las infraestructuras fronterizas.
«Es el más grande aumento en diez años de los créditos para la seguridad fronteriza», declaró el senador republicano John Cornyn. «Es un éxito importante».
En el Senado, una mayoría calificada de 60 de 100 votos era necesaria para aprobar la ley, lo cual le dio a los demócratas un poder de negociación dado que los republicanos disponían solo de 52 asientos.
Los gastos federales autorizados por esta ley ascenderán a unos 1,163 billones de dólares para todo el año presupuestario de 2017, que concluye el 30 de septiembre. Esta cifra representa poco menos de un tercio de todo el presupuesto federal.
Los otros dos tercios, que incluyen gastos sociales, el servicio de salud público para ancianos y pobres, entre otros rubros, son aprobados automáticamente, sin que el Congreso tenga que dar su aval.
Estos dos tercios representan más de 1 billón de dólares, de los cuales el sector de la Defensa recibe 600.000 millones.
Trump anunció el lunes que la batalla por el presupuesto será más dura para el presupuesto de 2018, que comenzará el 1 de octubre, alegando que estaba dispuesto dejar que cerrara la administración para evitar ceder a las demandas demócratas.
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