Tras los polémicos sucesos vividos en la última semana en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, se mostró preocupado por la “situación de incertidumbre y de malestar social” que afecta a las empresas españolas establecidas en el país.
Ante la falta de divisas, la imposibilidad de repatriar capitales y el fantasma de la expropiación, las empresas españolas deben manejarse como puedan en suelo resbaladizo. Solo queda sobrevivir o tirar la toalla. Por ello, el responsable de la política exterior de España dice estar “atento” a la coyuntura de Venezuela, para ayudar a las empresas españolas en la medida de lo posible.
Una de la empresa que se ha visto fuertemente afectada es Mapfre, para la cual Venezuela ya solo representa un 0,2% de los ingresos.
La aseguradora española reconoció que había tenido problemas a la hora de calcular sus resultados por la economía “hiperinflacionaria” del país tanto en 2016 como en 2015.
Teniendo en cuenta la devaluación del bolívar, Venezuela ha pasado a representar solo un 0,2% de los ingresos de Mapfre con 45,5 millones de euros (48,5 millones dólares). Es decir, un 42% menos que en 2015. Una disminución aún más acentuada si se compara con los resultados de 2014, cuando los ingresos en la filial venezolana superaban los 1.000 millones de euros (1.066 millones de dólares).
BBVA también se enfrenta a los tipos de cambio. El grupo, presente a través del Banco Provincial, reconoce en su informe anual que también se han dado de bruces con el tipo de cambio y la inflación.
“En 2015 y 2016, los administradores del grupo consideran que el uso de los nuevos tipos de cambio para la conversión de los bolívares a euros no refleja la imagen fiel de la situación financiera de las entidades del grupo en Venezuela”, explican en el documento.
Por eso, la compañía usó un tipo de cambio de 1.893 bolívares por euro. Un tipo de cambio calculado por los servicios de estudios de BBVA, que señala una evolución de la inflación en Venezuela de un 300% al 31 de diciembre de 2016.
En cuanto a Agroisleña, que en 2010 fue expropiada a sus propietarios canarios, está en un proceso de arbitraje internacional para reclamar una indemnización al gobierno venezolano. El Estado justificó su actuación alegando que Agroisleña vendía con un sobreprecio de hasta el 250%.
Según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), la situación de la empresa empeoró tras la adquisición forzosa por parte del Ejecutivo, señalando datos como el desabastecimiento de las tiendas existentes.
Por su parte, Repsol pierde pero ha dicho que seguirá invirtiendo en Venezuela. La compañía petrolera ha registrado en Venezuela unas pérdidas de 268 millones de euros (283 millones de dólares) “por los impactos de la devaluación”, según señalaba su consejero delegado Josu Jon Imaz en la presentación de resultados de 2016.
Sin embargo, sigue siendo el país donde Repsol registra un mayor crecimiento en producción de crudo. Según apunta el informe de cuentas consolidadas, en 2016 se produjeron 28.000 barriles al día, 11.000 más que el ejercicio anterior.
Telefónica no escapa a esta situación. La aportación de Venezuela a la actividad de Telefónica es cada vez más insignificante.
Así lo recogen sus cuentas anuales, donde solo le dedican una escueta gráfica en la que muestran que la operadora española ha reducido un 34,4% sus inversiones en bienes de capitales en el país.
En concreto, ha pasado de invertir 139 millones de euros (148 millones de dólares) a 91 millones de euros (97 millones de dólares).
Con información de ALnavio
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