En su segundo día de fiscalización de panaderías de Caracas para corroborar la producción y distribución de este importante alimento, miembros del Plan 700 detuvieron y pusieron a la orden del Ministerio Público a cuatro personas, los primeros detenidos en la jornada que el gobierno ha calificado como ofensiva contra la llamada “guerra del pan”.
Los detenidos fueron identificados como Enderson Sierra, Jeanpiero Vargas, Héctor José Guillote Marrero y Wilmer Oswaldo Camargo Castillo, quienes violentaron la Ley Orgánica de Precios Justos, según reseña la Sundde en nota de prensa.
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, informó que Sierra y Vargas eran los encargados de la panadería La Condesa, establecimiento se destinaba la harina de trigo para producir solo pan dulce, cachitos y otros productos y que escasamente se producía el pan canilla.
Contreras también recalcó que los otros dos detenidos eran responsables de la elaboración y comercialización de brownies con harina de trigo vencida, este hallazgo fue realizado en una quinta ubicada en el sector de Puente Hierro, de la parroquia Santa Rosalía, donde funcionaba la empresa Golosinas Woky s, C.A.
Según los funcionarios actuantes que allí elaboraban los productos bajo seria situación de insalubridad, donde se verificó que mantenían más de 54 sacos de harina de trigo panaderos vencidos abiertos y con gorgojo igualmente utilizaban polvo para hornear vencido.
El martes, la Sundde informó que al menos 21 panaderías en Caracas fueron ocupadas temporalmente y serán en los sucesivo manejadas por los comités locales de abastecimiento y producción (Clap), lo que anticipa la expropiación de estos locales.
Por otra parte, la Sundde informó que durante el recorrido por locales del centro de la ciudad se inspeccionaron las panaderías Mansions Bakery e Inversiones Rol 2025, donde se constató que estas incurrían en los ilícitos del Condicionamiento de Venta (artículo 56), Alteración en Bienes y Servicios (artículo 60), Infracción por vulnerar los Derechos Individuales (artículo 60), todos estos contemplados y penalizados en la Ley Orgánica de Precios Justos.
Contreras detalló que “Este establecimiento se le aplicó ocupación temporal por noventa (90) días, por parte del Gobierno de Distrito Capital.
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