La Contraloría General de Venezuela (CGV) presentó un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional, después de que la Cámara le impidiera intervenir su servicio de auditoría interna y advirtió que de este recurso surgirán sanciones que van desde multa a inhabilitaciones. EFE
El contralor general, Manuel Galindo, dijo a periodistas desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el diputado opositor henry Ramos Allup “ha puesto obstáculos” y ha impedido la entrada a la funcionaria de la Contraloría Mayren Ríos, encargada de hacer la intervención, por lo que se hizo una última notificación.
“Agotada esta última intención de notificación se procederá en el término que establece la ley a notificarlo con un cartel publicado en la prensa escrita advirtiendo las respectivas sanciones por el desacato que pueden estar desde una multa, inclusive hasta una inhabilitación si fuera el caso”, dijo Galindo.
El contralor indicó que el organismo que encabeza, al hacer esta intervención al servicio de auditoría, está cumpliendo con un mandato de la Sala Constitucional del TSJ y que, de no llevarlo a cabo, entraría en desacato la misma Contraloría.
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Señaló que “ante este desacato” en el que ha incurrido la Asamblea Nacional y una vez publicada la notificación entre mañana y el viernes, la Cámara tiene un plazo de 15 días para presentar toda la documentación que exija la Contraloría y por mandato del TSJ tras haber introducido este amparo.
“Con la medida cautelar que presentamos hoy, el TSJ tiene un lapso de 48 horas continuas para tomar una decisión y obligar a que reciban a la auditora interventora, de ser posible con la fuerza pública”, afirmó.
Asimismo, salió al paso al comunicado difundido el lunes pasado por la AN en el que se asegura que el contralor general “incurrió en grave extralimitación de funciones al haber ordenado la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional”.
“La Contraloría General de Venezuela tiene competencia para intervenir todas las unidades de auditoría interna del país en todos los órganos y entes de la administración pública, inclusive en los entes descentralizados”, dijo Galindo.
También aseguró que “ningún diputado electo tiene el conocimiento suficiente ni la atribución suficiente para exigir a la Contraloría que presente el escrito que inicia el procedimiento de intervención ante la junta directiva” de la AN “hoy en desacato”
